Más de cinco años y cuatro secretarios de Estado para el Deporte después, la futura Ley del Deporte ha llegado al Congreso para ser debatida y aprobada. Y el texto que saldrá de ahí será probablemente bastante distinto al que ha entrado. Al menos, si se atiende a las reivindicaciones de todas las partes. Los grupos de interés del sector se han lanzado a llamar a la puerta de los partidos políticos para incorporar sus peticiones a las enmiendas, que no han sido pocas. Para un anteproyecto de Ley de 118 artículos se han redactado un total de 746 enmiendas, según ha podido saber 2Playbook, que ha accedido a todas las peticiones y las ha analizado una a una.
Aspectos como la comercialización de los derechos audiovisuales, la profesionalización de las ligas o la mejora de las condiciones del deporte femenino y la ausencia o no de limitación de mandatos en las federaciones han sido algunos de los puntos más polémicos de la nueva legislación, para la que ERC fue el único partido que presentó una enmienda a la totalidad que no prosperó.
El sector deportivo reconoce que el texto no es el ideal, pero remarcan la necesidad de sacar adelante un nuevo marco jurídico (el actual data de los años 90) para regular durante las próximas décadas a buena parte de una industria que mueve más de 16.000 millones de euros en España. “Creemos que debe salir adelante con el consenso de los partidos mayoritarios”, afirman desde las federaciones. Pero, ¿cuáles son las principales enmiendas que han presentado los partidos?
El aval a abonar por los clubes profesionales que no sean SAD
El anteproyecto acababa con la obligatoriedad de que las juntas directivas presenten un aval del 15% del presupuesto, un cambio que especialmente beneficia a Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y CA Osasuna, los únicos clubes profesionales que no son Sociedad Anónima Deportiva (SAD) y que con esta obligación veían restringido el número de personas que podían acceder al cargo. Ese cambio, ante la lenta tramitación de la ley se acabó colando en la Ley de Presupuestos, como ya adelantó este medio, por petición del PNV.
Así, el texto continúa dejando en manos de los clubes establecer su propio porcentaje de aval, pero el Grupo Plural (Más País, Compromís, Junts y Bloque Nacionalista Gallego) va más allá y ha propuesto que, dicho aval nunca pueda superar el 5% del presupuesto anual del club, y que nunca pueda exigirse como requisito previo a un candidato que se presente a las elecciones.
Más poder al fan y socio
El grupo Plural ha solicitado añadir a la Ley que toda venta de más del 3% de un club debe estar sujeta al derecho de tanteo por parte de las asociaciones de aficionados y/o accionistas minoritarios. Así, estos tendrían preferencia para adquirir ese paquete de acciones igualando la oferta que haga un inversor externo. Y, para dar tiempo a los fans para preparar la oferta, los estatutos deberán fijar un plazo para ejercer el tanteo que nunca podrá ser inferior a quince días.
Asimismo, el grupo Plural pide que los aficionados estén representados en los órganos de gobierno de los clubes y en las comisiones de control económico de las ligas profesionales, en las que no sólo debe figurar los clubes sociales y SADs. Es más, piden que un consejero que represente a la afición, sea independiente o no, tenga exactamente las mismas competencias que el resto de consejeros.
Ni rastro de la liga profesionalizada
Se introdujo en el primer borrador para después eliminarse, y ningún partido ha reclamado recuperar la idea de liga profesionalizada. Esta categoría se concebía para incluir aquellos torneos que tienen organización propia, pero que no contaban con la fuerza económica suficiente como para ser declarada competición profesional. En la hoja de ruta del Gobierno está profesionalizar la Lnfs, tras haber hecho lo propio con la Primera División de Fútbol Femenino y la Asobal de balonmano. Respecto a este proceso, Ciudadanos ha aportado una disposición adicional para que se declare profesional la Lnfs en un plazo de un año desde la aprobación de la Ley.
Control económico, ¿competencia exclusiva del CSD?
Una de las novedades del proyecto de Ley es la creación de órganos de control económico en las federaciones por parte del CSD. El único partido que se ha mostrado en contra ha sido ERC, que ha presentado una enmienda apelando a que el Estatuto de Autonomía Cataluña reserva a la Generalitat la competencia exclusiva en esta materia.
Por su parte, Ciudadanos ha ido más allá al solicitar que los socios, accionistas minoritarios y federaciones puedan pedir al CSD la realización de auditorias de control económico, en lugar de dejar en manos de este organismo la solicitud de información para auditar las cuentas de una entidad deportiva.
Fiscalidad y derechos de los deportistas
Desde el PP han propuesto crear la figura del defensor del deportista, que debe ser “una persona de reconocido prestigio vinculada al ámbito deportivo” y que “dependerá del CSD”, aunque tendrá “autonomía de funcionamiento” para “asesorar y garantizar los derechos de los deportistas.
Por su parte, Bildu ha presentado una enmienda para suprimir el apartado referente a los derechos de los deportistas profesionales de recibir un tratamiento fiscal específico y adaptado a la duración de su carrera profesional y a los ingresos generados al apuntar que “profundiza en la discriminación entre la ciudadanía”.
En cuanto a los beneficios fiscales, Ciudadanos ha pedido incluir una disposición adicional de cara a la próxima temporada de la Primera División femenina de fútbol, para que sea considerada acontecimiento de excepcional interés y así las compañías sin ánimo de lucro que la apoyen puedan tener incentivos fiscales.
Asimismo, el partido naranja pide que los clubes de la Primera Iberdrola reciban un porcentaje fijo de la recaudación de La Quiniela, y que dicho fondo se distribuya de manera equitativa entre los equipos. Además, se pide que el Gobierno deberá incluir como mínimo un encuentro de esta liga en La Quiniela.
En relación con ello, la formación liderada por Inés Arrimadas propone que la recaudación por el impuesto sobre las Actividades del Juego se destine a las Diputaciones Provinciales (49,9%), LaLiga y la Liga Iberdrola (45,5%) y la Rfef (4,5%) para el desarrollo del fútbol no profesional.
Los derechos audiovisuales son propiedad de las federaciones
Esta era una de las reivindicaciones del deporte federado, que durante los más de cinco años de reuniones con los distintos secretarios de estado para el Deporte pidieron que la propiedad de estos derechos quedara muy clara en la Ley, a diferencia del marco jurídico aprobado en 1990. “Agradecemos que hayan tenido en cuenta esta petición; vemos potencial de crecimiento por la vía audiovisual”, afirma José Hidalgo, presidente de la Asociación del Deporte Español (Adesp).
Eso sí, en el primer borrado se introdujo un artículo que establecía que los únicos que podían explotar y comercializar sus derechos económicos eran los organizadores de las competiciones. Ello impedía a LaLiga adquirir derechos audiovisuales para emitirlos en LaLigaSportsTV, la OTT creada por la gestora del fútbol profesional.
Las federaciones pusieron el grito en el cielo ya en 2019, pues LaLiga destinaba hasta 3 millones de euros a la compra de derechos de otras federaciones y estos organismos vieron como estos recursos se evaporaban si la Ley salía adelante. De hecho, ningún partido ha presentado enmiendas para limitar la compra de derechos audiovisuales después de que el Gobierno rectificara y sacara esta restricción del articulado.
Transparencia y buen Gobierno
En un primer momento el Gobierno incluyó dentro del anteproyecto de ley una limitación de dos mandatos consecutivos o tres mandatos alternos, una medida que finalmente se quedó fuera del documento final. El propio Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE) defendió “no creer en la limitación de mandatos”. Este es uno de los puntos enmendados por VOX, el único partido que reclama que “los estatutos puedan establecer una limitación del número de mandatos del órgano de representación”.
Una puntualización en la que en cierto modo coinciden con ERC, que pide que esas normas se fijen por estatutos en el momento en el que se constituya el funcionamiento del organismo. “Las reglas sobre la organización y el funcionamiento del órgano de gobierno que establezcan el régimen de convocatoria y constitución, su composición, la forma de designación, destitución y renovación de sus miembros y la duración de su mandato”, destaca su enmienda.
La Conferencia Sectorial del Deporte, ¿quién la compone?
Este organismo se crea con el objetivo de garantizar la cohesión del sistema deportivo en todo el país. Lo que la Ley dice es que estará compuesto por la persona titular del departamento al que esté adscrito el CSD, que la presidirá; el presidente del Consejo y una persona en representación de cada una de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, con rango de consejero. Ahora bien, Junts, del grupo Plural, ha introducido una enmienda para garantizar la presencia de Cataluña en dicha entidad al pedir que también figure “una persona en representación de cada una de las ciudades del territorio español que hayan sido sede olímpica”.
La Ley de Mecenazgo, ¿dentro o fuera de la Ley del Deporte?
Desde el ámbito federado prefieren que la Ley de Mecenazgo goce de entidad propia y al margen de la Ley del Deporte, al igual que la Ley de Profesiones Deportivas. El Gobierno ya anunció que se está trabajando en ello, pero desde el PP y VOX piden que en un plazo de no más de un año desde la aprobación de la Ley del Deporte se presente un marco jurídico que establezca un sistema de incentivos al patrocinio y al mecenazgo deportivo.
