El fútbol europeo quiere tener un papel protagonista en los cambios normativos que se avecinan a nivel global. La UEFA, como regulador continental, y en alianza con la renombrada European Football Clubs (EFC), la European Leagues y FIFPRO Europa, ha reivindicado este lunes su influencia e importancia en el deporte rey y solicita un diálogo social con la UE. ¿El motivo? Las consecuencias del caso Diarra.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea puso en jaque hace ya un año el mercado de traspasos en el fútbol y su milmillonario negocio. El fallo cuestionaba aspectos relativos a la competencia y la libre circulación.
El exfutbolista del Real Madrid había denunciado que se le impidió fichar por el Charleroi belga en 2014, con los perjuicios que ello conllevó en su carrera profesional. En ese momento, la FIFA le negó el cambio de club, ya que debía pagar 10,5 millones de euros al Lokomotiv de Moscú, club con el que el jugador había resuelto su contrato tras alegar un supuesto incumplimiento.
Ahora, los principales actores del fútbol europeo han aprobado una resolución conjunta que establece “un marco común basado en la legislación de la UE y la gobernanza colectiva para orientar las reformas actuales y futuras a nivel de la FIFA”, según destacan en un comunicado.
Este acuerdo “se centra en encontrar un equilibrio entre los intereses legítimos de los clubes y la protección de los derechos individuales y la libertad de movimiento de los jugadores, defendiendo el papel de las ligas y los clubes en el desarrollo y el mantenimiento del juego, los efectos redistributivos del sistema de traspasos y la mejora de los procedimientos de traspaso para que sean más sencillos, eficientes y transparentes, todo ello con el fin de apoyar la integridad, el crecimiento y la competitividad a largo plazo del fútbol europeo”.
Asimismo, las partes han recordado que casi el 90% del valor del mercado mundial de traspasos se concentra en el fútbol europeo. Por ello, “tiene la responsabilidad de liderar y un papel legítimo en la configuración de las normas que afectan a sus clubes, jugadores, competiciones y al ecosistema en general”.
Entre los puntos a destacar en este diálogo, que continuará activo en los próximos meses, las recompensas por formación y los mecanismos de solidaridad, la protección de los jugadores y las trayectorias profesionales de los menores de 18 años.
En este sentido, la resolución lamenta, por ejemplo, que “estos mecanismos no reflejan suficientemente los costes y riesgos reales asumidos por los clubes formadores, incluido el hecho de que estas cuantías no han cambiado desde 2001, ni siempre evitan la creación de obstáculos no previstos a la movilidad de los jugadores”.
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