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Después de una reciente conversación al terminar de dar clase en una sesión de un máster en la URJC, tuve la amarga sensación de que el sector del bienestar pierde cada año a profesionales que aman su trabajo, pero no pueden permitirse vivir donde lo ejercen. Sara lleva cinco años formándose para ser lo que es: entrenadora personal especializada en salud funcional, con un posgrado en ejercicio terapéutico y una agenda llena de potenciales clientes que esperan que empiece mañana. Hace tres meses recibió una oferta para incorporarse a un centro de referencia en Madrid. Y la rechazó. No encontró un alquiler compatible con su entorno salarial.
Nadie contabiliza esta pérdida. Ni el centro que la necesitaba, ni el sistema que se habría beneficiado de su trabajo, ni la ciudad que se quedó sin ella.
La industria del fitness y el bienestar en España mueve más de 4.000 millones de euros anuales y emplea a más de 100.000 profesionales, según datos de EuropeActive y el Global Wellness Institute. Es un sector que crece con fuerza, impulsado por causas tan constantes como la salud preventiva y el envejecimiento activo. Pero detrás de esas cifras hay una contradicción que pocos nombran: los profesionales que ayudan a otros a vivir mejor tienen, con frecuencia, grandes dificultades para vivir bien ellos mismos.
Esto no sucede porque su trabajo carezca de valor. Sino porque ese valor no siempre se traduce en los parámetros adecuados que permitan habitar en las ciudades donde la demanda es mayor. En Madrid o Barcelona, esto equivale a destinar más del cincuenta por ciento del sueldo neto a un alquiler, superando con creces el umbral del treinta por ciento que casi todos los expertos consideran sostenible.
Los profesionales que ayudan a otros a vivir mejor tienen, con frecuencia, grandes dificultades para vivir bien ellos mismos
El sector del bienestar tiene un rasgo que lo hace especialmente vulnerable a la presión inmobiliaria: es profundamente local. Un entrenador personal, un monitor de grupo, un fisioterapeuta: estos profesionales tienen que estar presentes. Su trabajo ocurre en un espacio físico, junto a una persona, en un barrio concreto. No pueden escapar hacia la periferia como otras profesiones. O están donde está el usuario o cliente, en los centros bien equipados, en las zonas donde la gente invierte en prevención de su salud, o no pueden ejercer con la misma proyección. Y vivir más o menos cerca de donde se trabaja hoy casi es un privilegio que muchos no pueden permitirse.
Según EuropeActive, casi el cuarenta por ciento de los profesionales del fitness en Europa trabaja bajo contratos a tiempo parcial o por cuenta propia. Cuando a esa característica se le suma un mercado de alquiler que exige ingresos estables y avales inexistentes, el resultado es una criba silenciosa que expulsa del sector, o de las ciudades, a exactamente quienes más lo enriquecerían.
El coste no es solo individual. Cuando un barrio pierde acceso a profesionales del bienestar de calidad, las consecuencias se distribuyen de forma desigual: las personas mayores que necesitan ejercicio supervisado para mantener su autonomía, los pacientes en recuperación, los jóvenes en riesgo de sedentarismo que solo se motivan con la práctica deportiva si alguien los acompaña de verdad. El GWI estima que por cada euro invertido en programas de actividad física comunitaria se generan entre tres y cuatro euros de ahorro sanitario. Un retorno que desaparece cuando desaparece el profesional que lo hace posible.
El bienestar comunitario no es un servicio para unos pocos. Es una parte muy importante de la infraestructura social. Y como toda infraestructura, necesita que las personas que la sostienen puedan permanecer. Sara no es un caso aislado. Es el síntoma de un sistema que exige a sus profesionales del bienestar una doble renuncia: ingresos moderados y además pagar mucho por vivir donde prestan el servicio. Un sistema que celebra la salud como valor social mientras hace imposible que quienes la sostienen echen raíces.
Las ciudades verdaderamente saludables tendrán que serlo también para quienes las cuidan. No como gesto de generosidad. Como condición de supervivencia y sostenibilidad. Porque una sociedad que no puede retener a quienes la mantienen en forma, literal y figuradamente, es una sociedad que ya ha empezado a enfermar y lo peor es que no es consciente de sus efectos.
Alfonso Arroyo es adjunto a la presidencia de GOfit y profesor URJC