Los gimnasios españoles piden a los gobiernos que voten a favor de la salud. El sector del fitness espera consolidar su recuperación y recuperar la rentabilidad que tenía en 2019, en un año en el que se celebrarán comicios a nivel estatal, autonómico y municipal. Los resultados electorales pueden tener un impacto directo en el desarrollo de sus respectivos negocios. No en vano, su inversión anual en instalaciones deportivas supera los 1.000 millones de euros anuales y son determinantes en la asignación de ayudas a la promoción de la actividad física. Pero, ¿qué pueden hacer las distintas administraciones para ayudar fomentar la práctica deportiva y reimpulsar la actividad en los gimnasios?
El sector deportivo reclama a los gobiernos un trato acorde con la declaración de actividad esencial realizada en 2021. Aunque fue a través de una proposición no de ley sin efectos vinculantes, que no blindó a los gimnasios de posteriores cierres y restricciones para combatir la pandemia, sí se interpretó como un guiño hacia un sector que promueve la salud. Según un estudio promovido por la Generalitat de Cataluña en 2005, por cada euro invertido en actividad física se obtiene un ahorro de cincuenta euros en gasto sanitario en cuatro enfermedades distintas en un plazo de entre diez y quince años. Una cifra que se incrementa si se consideran otras patologías.
Una de las principales demandas del sector del fitness a las administraciones es la rebaja del IVA. Desde septiembre de 2012, los servicios deportivos que se prestan en instalaciones deportivas privadas o concesionales tributan el 21%, 13 puntos porcentuales más del tipo reducido con el que estaba gravado a principios de ese año. “Este porcentaje no es coherente con el de una actividad esencial. Que resulte más barato a nivel fiscal salir a tomar una copa que hacer un curso de natación es algo que no podemos entender”, denuncia Alberto García, gerente de Fneid. La patronal española de los gimnasios lleva más de una década reclamando, sin éxito, que se devuelva al sector al tipo reducido. Según los cálculos del Gobierno, bajar el IVA de los gimnasios al 10% supondría dejar de recaudar 90 millones de euros anuales.
Un dato que la patronal de gimnasios corrige: “No tienen en cuenta que la rebaja del IVA propiciaría que hubiese más abonados a los gimnasios, por lo que recuperaría parte de estos ingresos, a lo que habría que añadir el ahorro del gasto sanitario a largo plazo”, defiende la patronal. España aplica a los gimnasios un IVA que supera en 6,2 puntos porcentuales al 14,8% de la media de la Unión Europea (UE), según el informe European Health & Fitness Market Report 2022, elaborado por EuropeActive y Deloitte. Según constata el eurobarómetro Sport and Physical Activity, elaborado por la Comisión Europea, los países donde los gimnasios tienen una mayor tasa de penetración en la sociedad son Suecia, con un 35%, y Países Bajos, con un 29%, respectivamente. Allí pagan un IVA del 6% y el 9%, respectivamente. La gestión del IVA compete exclusivamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero algunos parlamentos, como el de Andalucía, ya han aprobado medidas para presionar al Ejecutivo y lograr una rebaja. También existe la opción de introducir bonificaciones autonómicas en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
El Estado y las comunidades autónomas se reparten la recaudación este impuesto, otro frente abierto para el sector del fitness. “Pedimos que el gasto en deporte, tanto el relativo a fichas federativas, cuotas de clubes o de instalaciones deportivas, así como la inscripción a eventos deportivos, pueda deducirse de los dos tramos de la base del IRPF”, propone August Tarragó, presidente de Adecaff. Esta asociación lleva tiempo reclamando a la Generalitat un plan de reactivación sectorial del que participen las consejerías de Salud, Empresa y Presidencia.
Las patronales de gimnasios también reclaman “una gran campaña de fomento del deporte que implique a instituciones, empresas, centros deportivos y escuelas”. Una medida extensible a todas las administraciones del país. “Cada año mueren unas 1.000 personas en accidentes de tráfico en España. El sedentarismo, por su parte, provoca cerca de 60.000 fallecimientos anuales, y en cambio no se combate con campañas como las que hace la DGT”, lamenta el gerente de Fneid. La patronal está negociando con el Ministerio de Cultura una campaña que va en esta línea y que podría ser financiada con fondos europeos: “Hemos pedido que, además de promocionar la actividad física, se nombre a los gimnasios como elemento clave en la prestación de servicios a través de profesionales”.
De la receta deportiva a los bonos
Otra medida que ha ido cobrando fuerza en los últimos meses y que está en manos de las distintas administraciones es la receta deportiva. Está incluida dentro del Plan de Prescripción de Actividad Física y Ejercicio aprobado por el Gobierno español en septiembre de 2022. El Consejo Superior de Deportes (CSD) habilitó un máximo de 9 millones de euros que las comunidades autónomas podrán invertir hasta el 31 de diciembre de 2023 en desarrollar programas que permitan que el sector médico pueda derivar a los ciudadanos a centros deportivos para tratar determinadas patologías.
“Supondrá un punto de inflexión para toda la sociedad, es un gran avance en la interrelación entre el servicio médico y el deportivo”, celebra José Luis Herreros, presidente del Colegio Colef de la Comunidad Valenciana. La Comunidad de Madrid es uno de los territorios que han iniciado recientemente un programa de prescripción de deporte que deriva a pacientes a los gimnasios municipales. “Sanidad debería jugar un papel importante en la promoción deportiva, para que a nivel de prevención se opte antes por el deporte que por pastillas”, añade el gerente de Fneid. Otros agentes del sector piden hacer extensiva esta medida a los gimnasios privados.
Esta patronal también ha reclamado al Ejecutivo central un bono deportivo, en la línea del bono cultural joven con el que se subvencionan productos y servicios culturales por 400 euros para aquellos jóvenes que cumplan 18 años este año. “Presentamos una enmienda para añadirlo, pero se negaron. Creemos que sería positivo que, además de poder gastar esos recursos en libros o videojuegos, los jóvenes puedan destinarlos a un centro deportivo”, lamenta García. Este tipo de bonos no son competencia exclusiva del Gobierno central, ya que algunos ayuntamientos y algunas comunidades han desarrollado medidas similares. La mayoría de administraciones, eso sí, han limitado estas subvenciones a los segmentos de la población con rentas más inferiores. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, lleva varios años desarrollando esta iniciativa. Para el curso 2022-2023, ha destinado 4 millones de euros a becar la actividad deportiva de más de 15.000 personas de familias con rentas inferiores a 10.000 euros.
El Ayuntamiento de Valencia ha recuperado este año un plan parecido, el programa Esport Solidari. Está dotado con 1,7 millones de euros y pretende garantizar el acceso a la práctica deportiva a la población más vulnerable. Estos fondos se repartirán entre alumnos de escuelas deportivas de la Fundación Deportiva Municipal y de clubes deportivos, usuarios de centros deportivos municipales que formen parte de proyectos de deporte en edad escolar, deporte femenino, adaptado, inclusivo o LGTBI+, y personas con rentas bajas que pueden acceder a coste cero con un abono social. Muy pocas administraciones han lanzado algún bono deportivo abierto al conjunto de la sociedad. Una de ellas es la Región de Murcia, que en 2021 lanzó 5.000 bonos valorados en su conjunto en 155.000 euros para fomentar el regreso de los usuarios a los centros y clubes deportivos tras la pandemia.
Ayudas extraordinarias para compensar el impacto de la Covid-19 y el incremento de costes energéticos
La Covid-19 y el impacto que la guerra en Ucrania ha tenido en los costes de suministros han generado un ‘roto’ en un sector que aún se encuentra en pleno proceso de recuperación. En España, el Gobierno no habilitó ningún plan de ayudas extraordinarias específico para los gimnasios. Del plan de choque genérico de 16.000 millones anunciado por Pedro Sánchez en marzo de 2022, los gimnasios sólo pudieron acceder a parte de los 10.000 millones de euros que se repartieron en forma de créditos ICO. Los 6.000 millones de euros que se habilitaron a través de ayudas directas excluyeron al sector del fitness.
La falta de ayudas directas motivó a muchos operadores a unirse a las demandas lideradas por distintas patronales contra las administraciones, a quienes reclamaban daños y perjuicios económicos por las medidas para combatir la pandemia. En el caso que los tribunales den la razón al sector y estimen que las empresas deben ser indemnizadas, las ayudas extraordinarias recibidas hasta la fecha se descontarían del importe final a recibir. No se contabilizaría, aquí, la cifra que las empresas se ahorraron con los ERTE.
Los gimnasios encontraron más complicidades a nivel autonómico. La Generalitat de Cataluña fue la más generosa, ya que inyectó 47,9 millones de euros a través de tres convocatorias distintas. Representa la mitad de los cerca de 90 millones de euros que aportaron al sector los distintos gobiernos autonómicos a través de planes de rescate específicos. Por detrás, quedaron la Junta de Andalucía, con 14 millones de euros, y la Xunta de Galicia, con 6 millones. Otros ejecutivos regionales o bien lanzaron paquetes de ayudas más modestas o bien incluyeron los gimnasios dentro de convocatorias genéricas.
A nivel local, las aportaciones más cuantiosas las ha realizado el Ayuntamiento de Barcelona: 10,5 millones de euros para reequilibrar los centros afectados por la pandemia y otros 5 millones de euros para mitigar el incremento de los costes energéticos. El consistorio barcelonés acompañó estas subvenciones de un plan para instalar más de 13.000 metros cuadrados de placas fotovoltaicas en los CEM para optimizar su eficiencia energética. Un plan que los agentes del sector piden hacer extensivo a todo el territorio. “Reclamamos a la Generalitat un plan integral de eficiencia energética en todos los centros deportivos, públicos y privados, con una línea de subvenciones y de créditos blandos”, reivindica Tarragó, que recuerda que las ayudas habilitadas por el Institut Català d’Energía (Icaen) se agotaron rápidamente. “Hubo más solicitudes que se quedaron sin recibir fondos que peticiones atendidas”, lamenta el presidente de Adecaff.
Otras competencias municipales: del IBI a la inversión en centros deportivos
Los ayuntamientos juegan un papel fundamental en la promoción deportiva. Tienen la competencia para construir equipamentos deportivos. De hecho, son la administración que más dinero invierte en proyectos de obra nueva y de rehabilitación de centros deportivos. De los 1.077 millones de euros que se invirtió en España en licitación pública de obra deportiva en 2022, 957,5 millones de euros, un 89,6%, los aportó la administración local. Le siguieron los gobiernos autonómicos, que destinaron 103,3 millones de euros, un 9,7%; y el Ejecutivo central, con 8,3 millones, con un 0,7%. Andalucía fue la región líder en licitación deportiva el año pasado, con más de 200 millones, seguida por Cataluña y País Vasco. La Junta licitó proyectos por 69 millones de euros. ¿El motivo? Principalmente que esta región celebró sus elecciones el año pasado, por lo que anticipó algunos proyectos.
Además de los mecanismos mencionados, cuentan con competencias en otras políticas como, por ejemplo, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Durante la pandemia, algunos consistorios anunciaron deducciones sobre este impuesto a los gimnasios. El de Barcelona, por ejemplo, exoneró del pago de alquiler a los clubes y entidades deportivas que usaban instalaciones deportivas municipales para sus competiciones federadas y/o escolares durante el curso 2020-2021. El Ayuntamiento de la capital catalana asumió el coste, pagando a los concesionarios de todas las instalaciones deportivas implicadas.
El sector pide ampliar esta medida a otros municipios y que tenga continuidad más allá de la pandemia. “Si consideran que el deporte es una actividad esencial y queremos que los negocios sobrevivan, se les puede ayudar con una reducción o bonificación de un porcentaje de ese impuesto”, plantea Alberto García.
El gerente de Fneid también insta a los gobiernos municipales a “vigilar la competencia desleal, sobre todo a las actividades económicas no reguladas que se realizan en espacios públicos como parques y por las que no pagan impuestos”. Una petición a la que se suma el Colegio de Profesionales de la Educación Física y Deportiva (Colef): “Los ayuntamientos tienen que luchar contra el intrusismo profesional del sector de la actividad física y del deporte para garantizar la salud y la calidad de los servicios deportivos que se prestan a la ciudadanía. Es preciso erradicar los ‘manteros’ del deporte que ofrecen servicios sin disponer de titulación”.