La contratación pública deportiva avanza hacia modelos más sólidos, aunque todavía arrastra importantes deficiencias en la elaboración de los pliegos. El informe sobre licitación de servicios deportivos en Cataluña presentado por Yago Monteoliva, gerente de Aeesdap, concluye que el 41,5% de los expedientes analizados entre 2022 y 2024 en la región se habrían anulado en caso de recurso por presentar irregularidades en los criterios de adjudicación o en la documentación de la licitación. Pese a ello, el porcentaje desciende de forma notable respecto al estudio anterior, cuando alcanzaba el 69%.
El estudio analiza 175 expedientes licitados en Cataluña durante 2024, equivalentes al 14% del total nacional. El 88% correspondieron a contratos de servicios y el 12% a concesiones. Además, el 98% de las licitaciones acabaron adjudicándose y ninguna concesión quedó desierta. Entre las principales incidencias detectadas figuran la falta de desglose del presupuesto base (presente en el 39% de los expedientes) y el excesivo peso del criterio económico en la adjudicación (superior al 49% en algunos casos).
Planificación y mejores pliegos para reforzar la seguridad jurídica
La presentación dio paso a un diálogo entre Roger Cots, secretario del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat; Gabriel Capilla, abogado y socio de DurànSindreu; y Manel Martínez, consejero delegado de DuIN Sports Club y vicepresidente de Adecaff, que coincidieron en la necesidad de profesionalizar la contratación pública y reforzar la colaboración entre administraciones y operadores.
Uno de los principales consensos fue que una mejor planificación puede reducir buena parte de los conflictos que hoy acaban en recursos o prolongaciones de contratos. Cots defendió que las licitaciones "no pueden ser un fraude de ley" y subrayó que una administración que planifica correctamente y justifica sus decisiones dispone de mayores garantías para evitar impugnaciones. El secretario municipal también alertó de que muchos ayuntamientos siguen elaborando pliegos por inercia o replicando modelos de otros municipios, cuando la contratación requiere un elevado grado de especialización.
En esta línea, Capilla defendió un mayor uso de las consultas preliminares al mercado para que las administraciones conozcan mejor las capacidades y necesidades de los operadores antes de redactar los pliegos. El abogado también reclamó una mayor flexibilidad para adaptar las condiciones económicas de los contratos cuando cambian los costes y recordó que una instalación deportiva "no es un gasto, sino una inversión" en salud y bienestar para la ciudadanía.
Desde la perspectiva de los operadores, Martínez reclamó reducir la incertidumbre durante los periodos transitorios entre contratos y agilizar los mecanismos de compensación cuando aumentan los costes sin que puedan actualizarse las tarifas. "Los operadores queremos certidumbres; cuando un contrato termina todo son dudas", señaló. El directivo defendió que las administraciones consulten previamente al mercado antes de licitar para conocer qué condiciones hacen viable un contrato y evitar concursos que puedan quedar desiertos o generar desequilibrios económicos, especialmente para las empresas de menor tamaño.
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