Las irregularidades detectadas en los contratos de licitaciones deportivas van a la baja. El pasado 2023, la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (Aeesdap) intervino en un total de 82 consultas de empresas relacionadas con posibles irregularidades cometidas en la configuración de las licitaciones del sector, tanto en contratos de prestación de servicios como de concesión, por un valor de 106,5 millones de euros.
Esta cifra representa una caída del 32,8% con relación a 2022, cuando se llegaron a revisar un total de 110 expedientes por un valor estimado de 158,6 millones de euros. En 2021, Aeesdap intervino en 105 expedientes de contratación por un valor estimado de 144,4 millones de euros.
“Se han llevado a cabo muchas acciones, tanto por iniciativa propia como en colaboración con otras entidades, donde se ha hecho un esfuerzo enorme por tratar de aportar conocimiento y herramientas a las áreas técnicas deportivas públicas para ayudarles en su complicada labor. De una manera u otra existe una mayor conciencia de la importancia de licitar mejor, lo cual es súper positivo”, expone Yago Monteoliva, gerente de Aeesdap.
Aeesdap logró que se corrigieran el 82% de los contratos analizados, un porcentaje ligeramente superior al de 2022 (80%), pero por debajo del 85% de 2021. No obstante, el número de recursos representados -especiales y de reposición- ha aumentado considerablemente (16 en 2022 y 30 en 2023). “Lo ocurrido este año ha sido cuanto menos curioso. Hemos doblado en número de recursos presentados pero lo cierto es que en muchos casos el recurso no se ha resuelto porque el órgano de contratación desistía de la licitación inmediatamente tras recibir noticias del Tribunal. No obstante, seguimos teniendo una tasa de éxito sobre resoluciones del 90%”, argumenta Monteoliva.
En cuanto a los aspectos detectados, los errores en la configuración de los criterios de adjudicación siguen siendo mayoritarios, aunque han mutado. También se han detectado errores en la configuración de los criterios de solvencia y las condiciones especiales de ejecución, así como un incremento en el uso indebido de cláusulas de arraigo territorial y errores a la hora de desglosar presupuesto o configurar los contratos como sujetos a regulación armonizada (Sara). Aeesdap también lamenta que la existencia de otros convenios en negociación, la no conocida evolución del SMI durante 2023 y la falta de claridad en los datos incluidos en tablas de subrogación “han supuesto un auténtico hándicap a la hora de poder estimar los costes de los contratos”.
La asociación, además, señala que todavía existe mucho margen de mejora: “Se pueden sacar mejores licitaciones, más seguras, más estratégicas, donde el importe del precio del contrato suponga realmente una inversión (y no un gasto) y donde se obtenga mucho más valor. Seguimos obsesionados con ahorrar en precio en lugar de maximizar valor”, aporta Monteoliva.
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