L’Ametlla del Vallès (Barcelona) ya conoce qué cinco entidades pugnarán para devolver la actividad de su mayor centro deportivo. Llop Gestió, Unió de Federacions Esportives de Catalunya (Ufec), Ègora Gestió, Associació Sant Martí Esport y Fundació Poblenou 1924 se han presentado al concurso para hacerse cargo de la concesión de la gestión del Complex Esportiu Municipal de Can Camp, según ha podido saber 2Playbook. Se trata de un contrato valorado en más de 7,6 millones de euros durante ocho años, sin opción a prórroga. Como máximo se extenderá hasta 2033.
Las cinco gestoras de instalaciones deportivas son catalanas y allí concentran el grueso de su negocio. En el caso de Llop Gestió acudirá a esta licitación de forma independiente, y no de la mano de Ebone, porque se trata de un contrato de gestión integral y no de prestación de servicios. La compañía, que gestiona siete instalaciones con este modelo, ha decidido poner el foco en operar los equipamientos en su totalidad, asumiendo tanto los riesgos como todo el negocio que genere, tal como avanzó su director general a este medio.
En el caso de Ufec, controla junto a Ubae la cadena de centros concesionales Eurofitness, y en los últimos meses ha participado en otras licitaciones similares. En Terrassa (Barcelona) optó a quedarse un gimnasio municipal valorado en 53 millones de euros que finalmente se adjudicó BPXport. En Barcelona también pugnó por un contrato valorado en casi un millón de euros para gestionar los servicios de una instalación deportiva frente al mar que finalmente ganó la Associació Esportiva Ciutat Vella. Las otras tres gestoras están al frente de diferentes gimnasios municipales en Barcelona.
Es el segundo intento que realiza L’Ametlla del Vallès para adjudicar este contrato, ya que en marzo publicó una primera licitación que tuvo que modificar tras recibir un recurso de la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (Aeesdap), que cuestionó ciertos aspectos del estudio de viabilidad económico y de los pliegos administrativos y técnicos. En abril volvió a publicar el anuncio, esta vez con un contrato que planteaba una caída del 22,7% de su potencial valor económico, pasando de 9,8 millones a 7,6 millones. ¿El motivo? Principalmente la reducción de su duración, que pasó de un máximo de diez años -ocho años más dos prórrogas anuales- a sólo ocho años.
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El CEM Can Camp se construyó en 2011, pero apenas cinco años después la empresa adjudicataria, Illa Activa, se declaró en concurso de acreedores. El Ayuntamiento aprobó resolver el contrato, aunque finalmente no ejecutó esta medida, e Illa Activa continuó al frente de la instalación hasta 2022. La pandemia y la crisis de suministros provocaron la desaparición de la compañía y la clausura del equipamiento municipal a finales de ese año.
Su cierre dejó sin gimnasio público a este municipio de menos de 10.000 habitantes ubicado a 28 kilómetros de Barcelona. El Ayuntamiento abrió el proceso de licitación tras poner en marcha unas obras de rehabilitación a las que destinará 710.000 euros. Se prevé que los trabajos de reforma duren cinco meses y sirvan para actualizar las instalaciones.
La adjudicataria deberá implementar herramientas digitales para la gestión de los abonos, las reservas y la facturación, así como fomentar iniciativas para mejorar la sostenibilidad medioambiental. El recinto cuenta con una piscina cubierta, una sala de fitness, dos salas de actividades dirigidas, un espacio de entrenamiento exterior, una pista polideportiva y dos piscinas al aire libre.
El consistorio ha invertido más de 5 millones en el complejo. Esta cifra incluye tanto la subvención de 1,5 millones para realizar las obras como el pago de cerca de 860.000 euros a una entidad financiera para resolver de manera definitiva el contrato de concesión y poder recuperar la gestión. De esta forma, Illa Activa retiró los contenciosos administrativos interpuestos contra resoluciones del Ayuntamiento, mientras que el consistorio quedó exento del pago de hasta nueve cuotas anuales de 250.000 euros a la concesionaria en concepto de cuota niveladora.
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