Las cadenas de gimnasios miran a 2023 y 2024 como el año de la recuperación de la rentabilidad perdida por la pandemia como miraban a 2022 como el año de la vuelta a niveles de actividad precovid: con esperanza, pero también con dudas y una evidencia. Incertidumbre por la guerra de Ucrania y el derivado encarecimiento de costes; certeza por lo anunciado hace más de medio año por el Gobierno: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 8% en 2023, que eleva la subida al 47% en los últimos cinco años. “Supone una gran afectación; no somos empresas que paguemos muy por encima de este mínimo y, teniendo en cuenta que el 60% de los gastos ya van a cubrir el personal, estamos muy condicionados”, explican fuentes de BeOne, una de las gestoras de instalaciones deportivas con más trabajadores de España.
Los datos recogidos por 2Playbook apuntan a que las cadenas con una plantilla promedio de más de 600 trabajadores podrían llegar a elevar en más de 150.000 euros la partida de gasto de personal como consecuencia de la subida del SMI hasta 1.080 euros al mes. Y es que las gestoras de instalaciones deportiva y gimnasios en España registraron un gasto de personal agregado de 1.423 millones de euros en 2019, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El coste de la plantilla representó un 44% del negocio total que movieron estas compañías en época prepandemia.
¿Afectará el alza del SMI a todas las gestoras? No. Por ejemplo, las cadenas que ya cuentan con salarios por encima del mínimo que marca el convenio colectivo podrían esquivar este impacto. “Las anteriores subidas no nos afectaron, dado que nuestros salarios estaban, de media, entre un 10% y un 15% por encima del convenio. La de este año aún no sabemos cómo impactará en el global de nuestros centros, aunque pensamos que estará dentro de los parámetros salariales de los centros. Nuestro core se centra en el talento profesional, por eso el salario siempre se ha considerado vital para trabajar con los mejores”, aporta Felipe Pascual, fundador y director general de Sano Center.
La subida del SMI no ha condicionado la previsión presupuestaria de esta cadena, que además de partir de unos salarios medios por encima de lo obligatorio, ha contemplado una subida mínima del 6% en los salarios profesionales para 2023. El incremento salarial tampoco ha alterado los planes de otra cadena con gimnasios en distintas comunidades autónomas, FitUp. “Prácticamente no nos ha afectado porque nuestros salarios estaban por encima del SMI. Sí hemos aplicado una pequeña subida a las tareas que tenían una remuneración más baja, pero ha sido de forma voluntaria”, comenta Carlos Castañeda, fundador y consejero delegado de la compañía.
También de forma voluntaria, la cadena francesa Fitness Park decidió, a mediados de 2022, aplicar una subida salarial media del 15% a todas las categorías laborales. “Quisimos premiar a nuestra plantilla para que no perdiesen poder adquisitivo con la inflación. Entendemos que esta situación es coyuntural y no queremos correr el riesgo de perder trabajadores por la subida de costes”, indican fuentes de la compañía gala. “El sector deportivo tiene un grave problema con los salarios, porque pide aptitudes y conocimientos cada vez más transversales a sus trabajadores, desde la parte técnica a conocimientos tecnológicos o sociales, pero luego no les valora económicamente lo suficiente”, indica un destacado operador de un grupo de centros deportivos.
Sin embargo, las que tienen contratos situados en el mínimo exigido en las tablas salariales, han visto como todos los grupos profesionales que están por debajo del de los directores generales tienen un mínimo por convenio que ya es inferior al SMI. En menos de diez años, la tabla salarial de los profesionales que menos cobran (grupo 5) ha pasado de estar un 23% por encima del SMI a que cuatro grupos profesionales estén por debajo del mínimo. El grupo 1, que es el que engloba a la primera línea ejecutiva (los gerentes), estaba un 70% por encima del mínimo en 2014; hoy, el mínimo en tablas sólo está 50 euros por encima del mínimo interprofesional.
Por su parte, la asociación de empresas que prestan servicios deportivos a las administraciones públicas, Aeesdap, advierte que la imposibilidad de subir los precios al mismo ritmo que suben los salarios es una “situación injusta” que no ofrece a las empresas de este segmento poder adaptarse al nuevo escenario. “Es ridículo que la propia Administración no pueda calcular con un mínimo de certeza el precio de un contrato que vaya más allá de 2023. Todo esto se solucionaría volviendo a indexar el precio del contrato a un indicador válido”, aporta Yago Monteoliva, gerente de la patronal del sector de los servicios deportivos y de salvamento y socorrismo a las administraciones públicas.
“Que prácticamente todas las tablas del convenio colectivo ya estén cubiertas por el SMI tiene un impacto muy grande para las empresas, que viven una tormenta perfecta: los alquileres han subido un 6%; los costes energéticos se han triplicado; aún no han recuperado los abonados que tenían y, ahora, ven como el gasto en personal se incrementa un 8% interanual. La situación es muy complicada, porque además hay que empezar a devolver los ICO”, expone Alberto García, gerente de Fneid. La patronal española de los gimnasios alerta que las sucesivas subidas del SMI en el contexto actual están amenazando la viabilidad de las empresas.
La situación es complicada, especialmente para aquellas cadenas intensivas en contratación de personal. “Somos empresas de servicios; el 60% de nuestros gastos se va a plantilla”, afirman desde BeOne. “Entendemos que hay que subir el SMI y los salarios; los trabajadores son el alma del servicio que ofrecemos”, reconoce un director general de una gestora de instalaciones públicas y privadas. Otro directivo subraya la importancia del equipo en este tipo de empresas orientadas a la atención presencial y personalizada: “Las grandes tecnológicas están recortando sus plantillas un 30% sin mermar su servicio; nosotros no nos lo podemos permitir porque somos empresas de servicio en las que el personal es una parte muy relevante de los gastos de explotación”. El INE cifra en más de 86.000 el número de profesionales que trabajan en operadores de gimnasios, una cifra que superaba los 99.000 antes de la pandemia. De esta cifra, se estima que la mitad era personal remunerado equivalente a tiempo completo.
En muchos casos, el encarecimiento de los costes de personal va aparejado de una subida de las cuotas para no comprometer así la rentabilidad de las cadenas. Si bien las que operan en centros deportivos municipales pueden pactar esos incrementos con las administraciones, no siempre las negociaciones llegan a buen puerto.
Otras cadenas se ven obligadas a aplicar rebajas salariales. Lo hizo Holmes Place en tiempos de pandemia, cuando también aplicó un ERE que afectó a 49 trabajadores y pactó rebajas salariales de entre el 3% y el 15%. Y lo hizo también Claror y la gallega Máis que Auga, que acordaron con sus trabajadores reducciones. “El pasado año acordamos un descuelgue salarial con los trabajadores que nos ha dado más margen de maniobra para volver a acercarnos a la rentabilidad que teníamos. El acuerdo nos permitió retrasar algunos pagos y acometerlos más adelante cuando la situación sea más boyante para todos. Entendieron que es algo coyuntural y se lo agradecemos”, detalla Francisco Cortegoso, director general del grupo Máis que Auga.
El caso de Claror es algo distinto, ya que dispone de un convenio propio que está por encima del que regula los servicios deportivos prestados en centros deportivos públicos en Cataluña. “Nuestro convenio está indexado al IPC, pero hemos llegado a un acuerdo con la plantilla para aplicar ahora un incremento parcial menor al 5,7% y recuperar la parte que falta los próximos años”, indica Gabriel Domingo, director general de la cadena catalana. En el caso de que el coste de los suministros energéticos para 2023 termine siendo menor al presupuestado, la compañía destinará el excedente a compensar la parte no pagada a los trabajadores.
Los convenios colectivos, un punto de incertidumbre
La subida del SMI también ha tenido un impacto directo en las negociaciones de los distintos convenios colectivos. Empezando por el V convenio colectivo de las instalaciones deportivas de España. “Ningún convenio contemplaría una subida del 47% en cinco años. El sector aún se está recuperando, pero necesitamos un empujón que no depende de la gestión de los operadores: pedimos medidas fiscales como la rebaja del IVA, pero también de concienciación, para que más gente practique deporte”, reclama el gerente de Fneid.
En 2021, dos años después de haber demandado el convenio firmado en 2018, los sindicatos pedían que la categoría más baja cobrase 14.000 euros anuales en 14 pagas. Una cifra que ha quedado obsoleta en cuestión de meses, ya que el SMI acordado para 2023 eleva el salario mínimo hasta los 15.120 euros anuales. “Seguimos reclamando una diferenciación salarial entre grupos profesionales, así como otras reivindicaciones en temas sociales y de salud laboral”, comentan fuentes de CCOO.
Una postura que, de momento, la patronal asegura no poder atender: “No puede ser que todos los grupos de una tabla salarial tengan el mismo salario, pero lo que no podemos es aplicar subidas del 8%, 10% o 12%. Hasta que el sector no se recupere, los gimnasios no podrán asumir estos incrementos, porque si los terminan repercutiendo en los clientes finales mucha gente se dará de baja”, advierte el gerente de Fneid.
Las empresas del sector están pendientes de conocer qué subidas terminarán aplicándose en los diferentes convenios colectivos nacional y los autonómico, ya que en algunos casos tendrán carácter retroactivo. “Somos un grupo que emplea varios centenares de trabajadores y un pequeño porcentaje de incremento del gasto en personas implica una importante desviación en los presupuestos. Los convenios son una incertidumbre muy grande”, plantea Jordi Jorba, director general de Sintagmia. Esta compañía ha aplicado una subida salarial del 3% para este año.
“Sabemos que habrá un incremento salarial una vez se acuerden los convenios. Por eso, la mayoría de empresas han empezado a subir salarios a cuenta del convenio”, complementa August Tarragó, presidente de Adecaff. La patronal catalana de gimnasios insta a los gimnasios a aplicar subidas salariales para que los incrementos que se acuerden en los diferentes convenios no les lleguen de golpe.
En paralelo al estatal, también se discute el convenio de los trabajadores de los centros deportivos públicos de gestión privada de Cataluña. Tras celebrar en noviembre una jornada de huelga, las negociaciones entre las patronales Acege y Aceges y los sindicatos CCOO y UGT siguen encalladas en un punto clave: el mecanismo de absorción y compensación. “Esta cláusula provoca que haya trabajadores que lleven 20 años con el sueldo congelado. La mayoría de empresas están por encima de las tablas salariales, que son muy bajas. Pagan a precio de mercado, y cuando suben el sueldo base, esta cláusula les permite quitar luego la mejora voluntaria, de forma que el trabajador se queda cobrando lo mismo”, indica Màxim Paredes, representante sindical de CCOO. Mientras las patronales ofrecen incrementos del 4,5% en 2022, 2023 y 2024, la parte social propone subidas menores, del 3,5% en 2022 y 2023 y del 3% en 2024, a cambio de recortar al 50% el mecanismo de compensación y absorción. La falta de acuerdo en esta cuestión bloquea las negociaciones.
Más cerca, en cambio, están las posturas en las negociaciones del convenio de gestión deportiva de Navarra. Tras tres meses de una huelga indefinida que fue perdiendo peso, CCOO y UGT llegaron a un acuerdo con la patronal Agedena para incrementar los salarios un 4,5% anual en 2022 y 2023, y un 3% en 2024. Además, se ha pactado añadir un día más de asuntos propios, una mejora del 10% en el complemento de las bajas y un aumento de las horas pagadas para ir al médico, de seis a diez. Por otra parte, se otorgan tres días, por los tres del anterior convenio, en el caso de fallecimiento de madres, padres o hermanos. Este convenio, eso sí, tiene una eficacia limitada, dado que solo se aplicará a los trabajadores que se unan de forma individual o que formen parte de las empresas que formen parte de la patronal: Sedena, Gesport, Urtats y Soysana.
Los sindicatos ELA y LAB rechazaron firmar este acuerdo al considerar que sus contenidos están "fuera de las líneas rojas" que marcaron en el inicio de la negociación. La primera organización justifica su negativa porque entiende que “no garantiza el poder adquisitivo” de los trabajadores, ya que recuerdan que el IPC de los últimos dos años en Navarra ha subido un 13%.
