La Covid-19 reabrió el debate, en las elecciones del FC Barcelona se acentuó y el agujero económico con el que se ha encontrado la junta directiva de Joan Laporta lo ha hecho urgente. La entidad, junto a Athletic Club, CA Osasuna y Real Madrid han planteado una modificación de la obligación de avalar un 15% del presupuesto de gasto por parte de las juntas directivas, una propuesta que el Gobierno está dispuesto a negociar, pero no a suprimir como pide el presidente culé.

“Se está trabajando en un nuevo formato porque la modificación es necesaria, pero lo que no va a ser es un aval del 0%; tiene que existir una garantía. Otra cosa es si va por franjas, cantidades o tramos”, explica a 2Playbook el director general del Consejo Superior de Deportes (CSD), Albert Soler. Es decir, que el aval podría establecerse sobre un importe mínimo o un porcentaje fijo del presupuesto del gasto que varíe en función de la dimensión económica del equipo.

El Anteproyecto de Ley del Deporte dejó fuera esta cuestión, a la espera de buscar una adaptación a los tiempos modernos de esta cuestión. El punto de partida es que los cuatro clubes de fútbol, que por volumen de negocio son los que han visto disparar el coste de acceder a una junta directiva, presentaran una propuesta conjunta. A partir de ahí, entra el tiempo de la negociación política.

Soler admite que analizarán esa propuesta “en base a lo que la legalidad nos permite”, de ahí que sea inaceptable eliminar todas las garantías. Además, el precisamente ex director de deportes profesionales del Barça, recuerda que es una modificación que no puede abordarse pensando sólo en ellos. “La nueva Ley del Deporte dice que los clubes ya no deberán convertirse en SAD para formar parte de las ligas profesionales, y a ellos también les afectará esto”, recuerda.

La propuesta de los actuales dirigentes del Barça es radical, pues piden eliminar directamente la obligación de avalar. El problema con el que se encuentra la junta de Laporta es que para acceder al cargo ya tuvo que poner garantías por 124,6 millones de euros, algo que sólo consiguió in extremis y con importantes avales y contra-avales de personas que no forman parte de la junta.

Es un problema que ahora se repite, e incluso podría ser mucho más grave si la reforma gubernamental no se produce en el corto plazo. Sin embargo, Soler deja claro que “esto no implica” que se vayan a forzar los timings, si bien asume que el redactado actual puede provocar crisis como la que se puede dar en el Camp Nou si la junta es obligada a adelantar las elecciones por la incapacidad de cumplir con los avales.

El vicepresidente económico, Eduard Romeu, ha estimado que el aval se rebajará sensiblemente si se tiene en cuenta sólo el presupuesto de 2021-2022, pues serían 117 millones de euros. Sin embargo, a este importe se le deberán añadir las pérdidas de 2020-2021 que LaLiga considere que son imputables a sus meses de gobierno.

Así lo recoge la Ley del Deporte, en la que se indica: “En el supuesto de que el club finalizara la temporada con déficit, la Liga Profesional correspondiente ejecutará el aval depositado, salvo que se preste nuevo aval por el déficit producido más el correspondiente a la temporada siguiente”.

La gestora de la competición ya ha puesto en marcha el expediente disciplinario para que el Barça le remita toda la información necesaria para adoptar una decisión final. A las pérdidas contables anunciadas hay que restar el impacto de la Covid-19, que se ha cifrado en 92 millones de euros a partir del sistema de cálculo definido por el área de control económico, y también debe establecerse qué importe debe computarse a cada periodo de gestión.

En una nota remitida a los clubes, la asociación presidida por Javier Tebas ya advertía que el 60% de los números rojos del club en el último ejercicio eran atribuibles al “deterioro de valor de mercado de la plantilla, así como por provisiones atípicas”, que suman 263 millones de euros. Romeu defendió que la depreciación de futbolistas la certificó la competición en un informe independiente, pero EY jamás instó a realizar esa corrección de balance, y en su informe de auditoría ya calificó de “elevado grado de juicio” la dotación de casi 90 millones para posibles litigios.

Dicho de otro modo, Laporta podría verse en la obligación de tener que presentar un aval de 380 millones de euros si la organización considera que esas pérdidas de 263 millones corresponden a la junta de Laporta y no a la de Bartomeu. Sin embargo, es un cálculo que ahora debe realizar el equipo de control económico, encabezado por Javier Gómez, que determinará si esos deterioros debe asumirlos la anterior junta por su gestión, o si esa depreciación, por ejemplo, es fruto de la pandemia.

Un debate que viene de lejos

Soler recuerda que la cuestión de los avales ha sido de amplio debate antes de que estallara la pandemia, cuando el CSD ya tuvo que intervenir con un cambio legislativo para que los clubes sociales no tuvieran que avalar las pérdidas provocadas por la Covid-19. De este modo, se evitaba una cascada de dimisiones en organizaciones deportivas.

En concreto, el Real Decreto aprobado en diciembre establece que los clubes deberán presentar un informe que refleje “las variaciones patrimoniales negativas directamente vinculadas a la Covid-19, considerando para cada ejercicio económico las pérdidas de todo tipo de ingresos” por la pandemia, así como las ayudas públicas obtenidas y “los ahorros y los aumentos de gastos asociados directamente a dichas pérdidas de ingresos y los demás ahorros que se hayan derivado de la aplicación de la legislación aprobada para paliar los efectos”.

También hay diferencias en cómo se concibe la validez de los avales, pues cada club puede introducir modificaciones en los estatutos. Mientras en el Barça se ha permitido que avalen personas que no están en la junta directiva y con posterioridad a las elecciones, el Real Madrid exige un pre-aval antes de los comicios y que el banco acredite que se concede “teniendo en cuenta el patrimonio personal de los candidatos, y con la única y exclusiva garantía del patrimonio personal de dichos candidatos a la Junta Directiva”. Es decir, que sólo un grupo de personas con casi 100 millones de euros puede accede al cargo. Y ahí es donde está el problema.