La Generalitat de Catalunya da el visto bueno a la celebración de la moción de censura el 1 y el 2 de noviembre. El Gobierno catalán, tras reunirse con el FC Barcelona y conocer los protocolos que se llevarán a cabo durante la votación, ha trasladado a la entidad que el procedimiento podrá celebrarse cuando estaba previsto. 

“El Gobierno ha trasladado al club que a día de hoy no contempla ningún impedimento de tipo legal ni sanitario para que el voto de censura se pueda realizar con seguridad en las fechas previstas, y se ha acordado que el FC Barcelona incorporará las recomendaciones de tipo técnico trasladadas a la entidad en clave Covid-19 en los protocolos organizativos de la votación”, ha comunicado el Gobierno catalán. De no haber autorizado la fecha, el club se planteaba celebrar el voto de censura el 15 y el 16 de noviembre.

El club ha estado manteniendo reuniones con el Ejecutivo autonómico para asegurar que el desarrollo de la votación no supone un riesgo para el control del Covid-19. En este sentido, la propuesta inicial contemplaba únicamente seis puntos de votación en el territorio, una cifra que se ha pedido incrementar para dispersar aún más a la masa social y evitar aglomeraciones.

La junta directiva se reunirá el próximo lunes para aprobar las cuentas de 2019-2020 y el presupuesto de 2020-2021, a la espera de que puedan ser ratificadas por la asamblea de compromisarios. El encuentro debería ser antes del 31 de diciembre y, si la situación sanitaria no lo permite, en un plazo de sesenta días a partir de que la Generalitat considere que sí se dan las condiciones idóneas.

Se espera que la junta directiva adopte la decisión sobre el voto y la aprobación de las cuentas y el presupuesto de 2020-2021 el próximo lunes

La liquidación del último ejercicio arroja unas pérdidas de 97 millones de euros, después de que los ingresos se desplomaran respecto al objetivo inicial. Para 2020-2021, el club trabaja en un ajuste de al menos 165 millones de euros, que es la diferencia entre los ingresos previstos para este año y el gasto con el que se cerró el curso anterior.

Ese ajuste pasa exclusivamente por una reducción de salarios de la plantilla deportiva, con la que la situación está enquistada. La mayoría del vestuario se niega a sentarse en una mesa negociadora en la que se mezcle al personal de oficinas con los atletas, cuyas realidades salariales son muy distintas. De hecho, el comité de empresa también entiende que deberían ser comisiones separadas.

El proceso debería terminar el 5 de noviembre con un acuerdo, y el sindicato AFE, así como los asesores de los futbolistas, ya han advertido que impugnarán cualquier acuerdo que no cuente con su respaldo. De momento, ya se ha dejado claro que deberá plantearse un expediente de regulación temporal de empleo (Erte) y tocar o diferir el pago de salarios.