El Barçagate se cobra las detenciones de la plana mayor de la última junta directiva del FC Barcelona. La investigación del Área Central de Delitos Económicos de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra se ha saldado con la detención de Josep María Bartomeu, expresidente del club; el director general, Òscar Grau, y el responsable de servicios jurídicos, Román Gómez Pontí para ser interrogados.

Jaume Masferrer, ex director del área de presidencia y apartado del club por el Barçagate, también ha sido detenido. El pasado octubre, una vez Bartomeu había presentado la dimisión, la comisión gestora que preside Carles Tusquets prescindió de este directivo, asesor del expresidente y principal señalado en el caso del Barçagate.

Los Mossos d’Esquadra han acudido esta mañana a las oficinas del FC Barcelona para efectuar una serie de registros por presuntos delitos de administración desleal y corrupción entre particulares. Por administración desleal al considerar que el Barça había pagado más de lo que debía por los contratos a la empresa externa, I3 Ventures; por corrupción de particulares, porque se consideraba que parte del sobrecoste que se había pagado habría servido para el que algunos directivos se lucraran.

Todo ello podría haber causado un perjuicio al patrimonio del club, ya que se habrían hecho pagos por servicios a un precio desorbitado. Según las acusaciones estos contratos, más allá de ser firmados a un precio fuera de mercado, servían para difamar a personas influyentes del entorno del Barça, destacando jugadores y candidatos opositores a la actual junta.

Bartomeu y su mano derecha Masferrer pasarán la noche en el calabozo de la comisaría, mientras que Grau y Gómez-Ponti han quedado en libertad

“El FC Barcelona ha ofrecido su plena colaboración a la autoridad judicial y policial para aclarar los hechos objeto de esta investigación”, señala el club en un comunicado. “La información y la documentación requeridas por la policía judicial han circunscrito estrictamente a los hechos relativos a este caso”, añade.

Tras ser trasladados a la comisaría de los Mossos en el barrio de Les Corts, los cuatro detenidos se han acogido a su derecho a no declarar. Tras esta decisión, Bartomeu y su mano derecha Masferrer pasarán la noche en el calabozo de la comisaría, mientras que Grau y Gómez-Ponti han quedado en libertad.

El primero en quedar en libertad fue el responsable de los servicios jurídicos del Barça, que en su momento fue el encargado de dar explicaciones sobre la auditoría encargada a Pwc sobre todo este proceso y que, en teoría, limitaba el Barçagate a un problema de control interno. Su abogado, Jorge Navarro, declaró en la puerta de la comisaría que el jefe de los servicios jurídicos del Barcelona no está citado para declarar mañana martes ante el juez, según Efe.

“Lo han dejado en libertad. Está libre, en su casa, tranquilamente. Se ha negado a declarar porque no es necesario dar una explicación. Por una cuestión de seguridad de acto de defensa no ha declarado, hasta que no tengamos copia de las actuaciones no declaramos”, dijo el abogado a los periodistas. Olga Tubau, abogada de Masferrer, confirmó que él pasará mañana a disposición judicial, junto con Bartomeu. “No ha declarado, porque la causa está secreta. Sin conocer el contenido de una causa no se puede declarar”, aclaró.

El Barça encargó una auditoría a Pwc que confirmaba el troceo de contratos para burlar los controles internos y pagos superiores al valor de los servicios recibidos

¿Qué decía la auditoría de Pwc?

El pasado julio, el portavoz de la entidad, Josep Vives, compareció ante los medios para exponer los resultados de la investigación llevada a cabo por Pwc, en la que, según su versión, quedó claro que no se detectó “ningún indicio” ni “ninguna conducta corrupta ni beneficio económico” en el caso, así como que los trabajos encargados estaban “dentro del precio de mercado”.

Tal era el convencimiento de que se había actuado dentro de la normalidad, que incluso se anunció que los servicios jurídicos emprenderían las acciones legales pertinentes ante las acusaciones vertidas y exigiría rectificaciones a los medios de comunicación. Además, anunciaba que trasladaría una petición a la fiscalía para que se investigaran las responsabilidades contra los autores de tuits en contra del club, los jugadores y su entorno.

Ello, pese a que el informe de la Big Four, de 320 páginas, advertía que el club sólo había recibido servicios de IL3 Ventures por valor de 620.000 euros, frente al millón de euros pagado.

Vives sí admitió que la auditoría evidenciaba que se sortearon los controles internos mediante el fraccionamiento de facturas, pero puntualizó que “la junta directiva al completo había estado informada del encargo del servicio en las reuniones ordinarias del 5 y 6 de octubre de 2018 y en la del 17 de junio de 2019”.

Por otro lado, el informe de PwC, de 320 páginas, reclama a las empresas proveedoras que completen los servicios pendientes, que suben a 620.000 euros.