Uno de los grandes dilemas que afronta la industria del deporte es la combinación del fomento de la inversión con mantener un correcto balance competitivo. Cómo se equilibra permitir que un club opere en modo start-up asumiendo pérdidas millonarias durante varios años para convertirse en producto de consumo, con que eso no pueda interpretarse como competencia desleal por quienes intentan operar de forma sostenible. Y a eso añadan la complejidad regulatoria que domina el deporte, con legislaciones diferentes en cada país y competición. Diez años después de que el fair play financiero se instalara en nuestras discusiones, sigue sin haber consenso en cuál es la mejor fórmula, polarizado el debate entre quienes quieren subirse al vagón de la élite a toda costa y los que no quieren perder ni su plaza, ni su viabilidad.
El debate es especialmente intenso en el deporte europeo, sobre todo en el fútbol, pues es donde los inversores están dispuestos a asumir importantes números rojos durante un tiempo con el objetivo de escalar de categoría o establecerse en competiciones UEFA. En Estados Unidos, al tratarse de competiciones cerradas donde nadie pierde su plaza, el debate gira más en torno a las compensaciones para las franquicias que no pueden -o quieren- rebasar el techo de gasto que les corresponde. Y sobre todo en un modelo de redistribución de los ingresos mucho más profundo que el europeo.
Si buscásemos un paralelismo con los negocios tradicionales, las normas de control económico como las establecidas por LaLiga se asemejan al objetivo de las regulaciones que persiguen evitar el dumping de precios. Ambas regulaciones son mecanismos diseñados para impedir que los clubes/compañías con un poder económico mayor (por la naturaleza de su propio negocio o el apoyo de inversores) utilicen ese capital para distorsionar la competencia y obtener una ventaja injusta. En definitiva, que no se amenace la supervivencia o la equidad del resto de los actores en un mismo mercado.
Esta profunda división en los modelos de control se explica por el riesgo sistémico que cada competición intenta prevenir. En el deporte europeo, el riesgo principal es la insolvencia y el colapso de un sistema abierto de ascensos y descensos, donde un club altamente endeudado puede arrastrar a otros en caso de impagos y daña la reputación de la competición -ahí el caso del fútbol inglés-; de ahí que el control se centre en la disciplina fiscal individual. Por el contrario, el modelo de competición cerrada y redistribución de los ingresos sitúa el foco de riesgo de Estados Unidos en el estancamiento competitivo y la monotonía, razón por la que se trabaja en comunizar ingresos y establecer límites salariales de gasto.
En Europa, donde no se dan ligas cerradas, el control económico se centra en la disciplina fiscal individual
A partir de aquí, las diferencias sobre cómo aplicar estos mecanismos de control difiere mucho y ha dado pie a un largo debate filosófico: sobre la capacidad de clubes de autoimponerse disciplina financiera entre los ejecutivos y accionistas; cuál es el periodo de tiempo y la cantidad de dinero que se entiende que es lógico establecer como un ciclo de inversión permitido; en qué modo se fijan los mecanismos de supervisión y hasta qué punto eso no supone una injerencia en la manera de gestionar.
Fútbol, el territorio donde UEFA aspira a un estándar
El fútbol europeo es la arena política donde más intenso es el debate desde que empezaron a emerger las primeras reglas allá por 2010, sobre todo porque los clubes de las competiciones con una regulación más estricta, como LaLiga, considera que compiten en desigualdad con sus rivales de la Premier League o la Serie A, donde las normas continúan siendo más laxas y el criterio de caja predomina sobre el contable. Mientras haya alguien dispuesto a asumir las pérdidas y no haya impagos, el riesgo de sanción es limitado si no se exceden determinados umbrales.
Y aquí es donde UEFA quiere que sus preceptos impregnen alrededor de todo el sistema, entendiendo que si casi la mitad de equipos del Big-5 disputa alguna de sus competiciones o aspira a hacerlo, tratará de operar bajo ese marco normativo y no el que emane de su liga nacional. Especialmente en tres áreas clave: rendición de cuentas, masa salarial y desviación presupuestaria aceptable. ¿Cómo se mide cada uno de estos criterios según el país?
El primero es burocrático, pero clave. Y aquí todas las competiciones actúan de forma parecida, con solicitud de información periódica para asegurar esencialmente que no existen deudas vencidas con la Administración, jugadores y otros clubes. Ahí, el regulador presidido por Aleksander Ceferin aspira a que se emule su monitorización trimestral de la regla de pagos vencidos.
La única que actúa de forma más expeditiva es LaLiga, que en torno al mes de mayo solicita a los clubes la presentación de un presupuesto de la temporada siguiente, en la que la proyección de ingresos se acota a promedios de las tres últimas temporadas y a contratos efectivamente firmados. En función del negocio previsto, de los gastos operativos previsibles, devolución de deuda en calendario y posibles pérdidas de años anteriores, se marca un límite de gasto en plantilla deportiva. No se puede inscribir nada que haga peligrar esa proyección de equilibrio económico, por más que haya dificultado la operativa de algunos equipos en los mercados de fichajes posteriores a la pandemia.
Este es el punto que más diferencia a la competición presidida por Javier Tebas del resto, ya que hasta hace no mucho era la única en Europa que establecía un techo de gasto. Pero no pensando en el balance competitivo como sí se enfoca en las ligas norteamericanas o la Fórmula 1, sino en la salud económica individual. De hecho, no fue hasta 2022 cuando UEFA se sumó a esta corriente con la introducción del squad ratio cost.
Este concepto se incluyó como uno de los pilares básicos de las nuevas normas de sostenibilidad económica, y a priori es una división sencilla, entre gastos en plantilla deportiva y los ingresos. Ahora bien, con una fórmula que no incluye tantas partidas como la de LaLiga, lo que hace más factible su cumplimiento para los equipos españoles que compiten en Europa.
Por un lado, está el gasto en plantilla, que tiene en consideración tres conceptos: todos los sueldos de los futbolistas del primer equipo y el entrenador -que no todo el cuerpo técnico-, ya que son consideradas las “personas relevantes” de la plantilla; las amortizaciones por fichajes, y los costes relativos a agentes e intermediarios o partes vinculadas con el jugador. Por el otro, los ingresos ordinarios (matchday, comercial y televisión) y las plusvalías por traspasos, de modo que quedan fuera la venta de activos como las que han podido ejecutar FC Barcelona o Chelsea FC en los últimos años.
El cambio era de tal magnitud, que se tuvo que definir un proceso transitorio, permitiendo que la masa salarial aún fuese del 90% de los ingresos en 2022-2023, con rebajas progresivas que sitúan el ratio de 2025-2026 ya en el 70%. De este modo, la histórica recomendación de lo que era sensato para la viabilidad económica de un club, se ha convertido en norma. Es la manera con la que Andrea Traverso, cerebro de la salud financiera del fútbol europeo, espera que los clubes vayan avanzando hacia cuentas de resultados saludables y que las pérdidas únicamente se correspondan con procesos de inversión y no por un desequilibrio estructural.
UEFA es la única que juega con la idea de un porcentaje específico de gasto, ya que LaLiga define ese techo de gasto como el hueco de presupuesto que queda libre una vez descontados los gastos de subir cada día la persiana, compensar las pérdidas acumuladas y el servicio de la deuda; ese porcentaje puede ser del 25%, del 50% o del 85%. En el resto de ligas, ni rastro de referencias a la masa salarial. Lo importante es que siempre haya dinero en caja para cubrir los pagos y la rueda continúe girando.
Porque el criterio de cash-flow con ciertos límites continúa siendo la opción más extendida. LaLiga no fija un máximo de pérdidas porque sus penalizaciones en el límite de plantilla inscribible ya tratan de abortarlas, pero sí limita el impacto de las ampliaciones de capital en aquellos clubes con problemas financieros. UEFA permite desviaciones de hasta 60 millones de euros en ciclos de tres años -ampliables a 70 millones si es por el fútbol femenino o la cantera-, mientras que la Premier League eleva ese techo a 105 millones de libras (unos 120 millones de euros). La Ligue 1 no pone límite más que pedir garantías de que no habrá impagos, mientras que la Serie A pide que el patrimonio neto sea positivo y, en caso de ser negativo, que cada año mejore, ya sea con ampliaciones de capital o la generación de beneficios. La Bundesliga, al estar dominada por clubes sociales, no contempla estos escenarios, ya que toda su teoría se basa en la autonomía financiera.
¿Cómo se da el control económico en otras competiciones?
En el caso de la Fórmula 1, la competición implementó un cost cap obligatorio en 2021 con el objetivo de reducir la disparidad de rendimiento y garantizar la viabilidad a largo plazo de todos los equipos, especialmente los independientes. Este límite base se situó ya en 2024 en 135 millones de dólares, un importe en el que se encuadra el desarrollo y la operación del monoplaza (incluyendo ingeniería y personal), aunque excluye los salarios de los tres miembros mejor pagados (los dos pilotos y el director técnico/CEO). MotoGP, por su parte, fuerza el equilibrio competitivo con un modelo de incentivos tecnológicos para promover el balance, sin un límite de gasto en los pilotos. Utiliza un sistema de concesiones (basado en el rendimiento de los fabricantes) que otorga a las fábricas con peores resultados más días de prueba y menos restricciones en el desarrollo para que puedan alcanzar a los líderes más rápidamente.
El proyecto de la Euroliga, una competición cerrada, busca un híbrido entre la NBA y la MLS, si bien el único paralelismo que podemos encontrar entre Europa y Estados Unidos es la búsqueda del equilibrio competitivo. En el Viejo Continente se pone el foco en el control de las pérdidas y únicamente se busca la equiparación de ingresos a través del reparto de los derechos audiovisuales. Nada más.
Con todo, en el baloncesto europeo de alto nivel se dan dificultadas para reducir un agujero anual que el dueño del Alba Berlín cifró en 200 millones de euros anuales entre todos los clubes. No sin problemas por parte de la presión de algunos dueños, a finales de 2024 la Euroliga aprobó un nuevo reglamento que busca establecer un gasto mínimo en plantilla para elevar el nivel de la competición (30% de la media de ingresos de los clubes) y un máximo de 8 millones de euros, excluyendo de ahí a los designados como jugadores estrella, los menores de 23 años y los jugadores que lleven múltiples temporadas en el club, principalmente.
En EEUU, donde actúan ligas cerradas, el riesgo está en el estancamiento competitivo y la monotonía
En cambio, las cinco grandes ligas norteamericanas llevan al extremo la redistribución de la riqueza para que las dinastías no sean eternas, siempre haya alternancias y la incertidumbre del resultado final haga subir el valor de los derechos audiovisuales y comerciales.
La NBA tiene un modelo que interviene en las dos patas de la cuenta de resultados. Hoy la brecha de ingresos entre franquicias se limita a un múltiplo de dos, con las franquicias ubicadas en los principales mercados, como los Golden State Warriors, rondando los 600 millones de dólares en ingresos, según las últimas proyecciones de Sportico. Ahora bien, en 2012 se introdujo el denominado sharing revenue pool, por el que los equipos en mercados más grandes comparten con los más pequeños hasta el 50% de sus ingresos netos a nivel local, incluyendo todo aquello relacionado con el patrocinio y la hospitalidad, una vez deducidos los costes operativos, lo que incentiva que todos los equipos actualicen sus instalaciones y diversifiquen las fuentes de ingresos. Cuánto aporta cada uno al bote común depende del ranking de salarios medios, aportando más quienes están por encima y beneficiándose quienes están por debajo para situarse en la media. Ajustada esta distorsión, entra en juego el sistema de salarios, con un complejo sistema de normas que regulan qué se considera salario de un jugador y qué variables se tienen en cuenta a la hora de establecer el límite salarial.
A partir de ahí, se marca un gasto general (141 millones de dólares en 2024-2025), con un mínimo obligatorio (127 millones de dólares que, si no se consumen, aplica multas) y un techo blando de 172 millones (el umbral del impuesto de lujo). Blando porque, con todo un juego de excepciones y tasas, grupos como los Warriors pueden elevar el techo de gasto a más de 225 millones de dólares, según datos recogidos por el portal de salarios Spotrac. No obstante, el nuevo convenio colectivo introdujo un Segundo Umbral de Impuesto de Lujo (Second Apron), situado cerca de 189 millones de dólares para 2024-2025; cruzar este límite blando superior impone restricciones operativas mucho más duras (como la prohibición de usar ciertas excepciones o intercambiar futuras selecciones de draft), un mecanismo diseñado para limitar las dinastías de gasto extremo a largo plazo.
Si el de la NBA se considera un modelo blando, en tanto que se permiten excepciones, la NFL tiene una aproximación aún más estricta en lo que debe entenderse por fomento de la competitividad deportiva. El límite de gasto en plantilla es el mismo para todos, independientemente de su capacidad de facturación y el 60% de los ingresos totales (televisión, patrocinio y merchandising) se reparte de forma equitativa entre las 32 franquicias. A eso, se añaden unos elementos correctores similares a los de la NBA, ya que el 34% de los ingresos por venta de entradas es compartido, mientras que la mayoría de los demás ingresos locales no lo son. Eso sí, este conjunto de elementos permitió que la diferencia de ingresos entre quien más factura y el que menos se sitúe en aproximadamente el doble, con los Bengals a la cola y los Dallas Cowboys en lo alto y ya superando los 1.000 millones de dólares al no tener que compartir nada de lo que genera por patrocinio y televisión en el mercado local. En ambos casos da suficiente margen para absorber un límite salarial que para este año se fijó en 255,4 millones de dólares, a repartir entre los algo más de 50 jugadores que puede tener una franquicia. Aquí no hay obligación de consumirlo todo, e incluso se permite que una parte pueda pasarse a la temporada siguiente para tener entonces más margen.
La MLB también apuesta por la doble combinación de factores, imponiendo un bote común para redistribuir ingresos y que no salgan perjudicados los equipos en mercados más pequeños, al tiempo que aplica la denominada tasa de balanza competitiva, por la que puede cargar un impuesto equivalente a más del 20% del gasto total en salarios para quienes superen el techo salarial marcado, que para 2025 es de 244 millones de dólares. Los datos de Spotrac revelan que casi todos quedaron por debajo de este techo, y sólo New York Mets, Yankees, Dodgers y Blue Jays pagaron el impuesto de lujo para sortearlo; aun así, con una brecha similar a la de las otras competiciones, situándose muy cerca del múltiplo de dos, entre los 195,7 millones de los New York Mets y los 111,8 millones de los Colorado Rockies.
La NHL es más simplista en este sentido, con un techo salarial común que se establece a partir de los ingresos del año anterior y que en 2023-2024 se ha situado en 87,7 millones, con un mínimo de 65 millones de dólares. Nada que ver con la MLS, hoy la competición más pequeña de las cinco grandes ligas y que este año ha demostrado una gran flexibilidad normativa para allanar la llegada de Leo Messi al Inter Miami. El delantero argentino se ha garantizado un salario de 20,45 millones de dólares, de los que 12 millones se corresponden al salario base. En este montante total no se recoge lo que pueda cobrar adicionalmente por sus acuerdos privados con Apple, Adidas o Fanatics.
Por ponerlo en contexto, el salario de Messi equivaldría al doble del teórico techo de gasto máximo que puede gastar una franquicia, que establece límites de gasto en función de la condición del jugador y que introduce figuras como la del futbolista designado, que permite que tres atletas tengan un salario muy por encima de lo que diría la norma. Porque, como explica Rayde Luis Báez, fundador de The Connect, “el diseño económico que han establecido define un correcto esquema de incentivos a todos los niveles: invertir en producto propio e infraestructura; ser racional con el gasto, sin sacrificar oportunidad competitiva, e igualar en la media (ni por abajo, ni por encima) el gasto en producto clave, como son los jugadores”.
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La plataforma de datos monitoriza más de 34.000 contratos de patrocinio, de los que 25.000 corresponden al mercado español y más de 8.000 a propiedades deportivas y competiciones internacionales, segmentados por competición, tipología de activos, marcas, categorías de producto y valor económico aproximado de cada acuerdo. Si quieres más información, contacta con nosotros en intelligence@2playbook.com.
