Oficial. El FC Barcelona y los trabajadores se han dado una semana más, hasta el próximo miércoles, para buscar un acuerdo salarial. Las partes habían asumido que iba a ser imposible llegar a un acuerdo el 5 de noviembre, fecha límite tras la constitución de la mesa de negociación, como adelantó 2Playbook. Y la razón no es otra que hasta anteayer no llegaron las medidas concretas para recortar el gasto en 191 millones de euros.

El recorte respecto al cierre de 2019-2020 es de 156 millones de euros, pero ahí hay que tener en cuenta que ese ejercicio se logró aligerar la masa salarial en 42 millones de euros con la reducción de salarios y el despido temporal de varios trabajadores de oficinas y tiendas.

En esta ocasión, la junta gestora está proponiendo el diferimiento de pagos bajo distintas fórmulas, pues no es la misma situación la de quienes acaban contrato este año, que quienes aún tienen dos temporadas más por delante o las jóvenes promesas con contratos aún más largos. Esa tarea de definir las fórmulas de pago ha sido encargada a la consultora de recursos humanos Mercer, mientras que EY se encarga de asegurar que fiscalmente se adecúan a la ley y no tienen un impacto negativo para las partes.

Todas las partes insisten en la predisposición para llegar a un acuerdo, pero en el entorno del vestuario temen con que el retraso en la propuesta sea una táctica para poder imponer medidas unilaterales amparadas en el fuerte desfase que existe entre ingresos y gastos. El terreno mediático está preparado, pues Tusquets volvió a insistir este lunes en que “esperamos cerrar un acuerdo con los jugadores y con el personal no deportivo del club; los socios también están sufriendo con sus negocios y su situación personal, por ello esperamos que los trabajadores y los jugadores estén a la altura”.

El entorno del vestuario temen con que el retraso en la propuesta sea una táctica para poder imponer medidas unilaterales

Otro de los problemas que enturbian en cierta manera la negociación es la situación institucional del club, después de la dimisión de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu y el nombramiento de la comisión gestora. “Se necesitan garantías de que están legitimados para adoptar los acuerdos que puedan surgir y, sobre todo, que la próxima junta los respetará”, apuntan. En este sentido, y tratándose en parte de un problema de tesorería, en el vestuario darían el visto bueno a demorar el cobro de las nóminas, especialmente el cobro importante del mes de enero, para que la negociación pueda cerrarla el próximo presidente.

La razón no es otra que se ha consolidado la idea de que prácticamente no haya renuncias definitivas a salarios, sino que se difieran los pagos. Esto comprometerá la capacidad de gasto de los futuros gestores, pues no es un importe menor. Con las cifras anunciadas por Bartomeu, el recorte de gasto debería ser de unos 156 millones de euros respecto al cierre de 2019-2020 y de 190 millones si se elimina el impacto de las reducciones salariales que aceptó el personal para el pasado ejercicio. Tusquets elevó a 300 millones la magnitud del ajuste.

La anterior directiva ya planteó que será necesario un nuevo expediente de regulación temporal de empleo (Erte) para los trabajadores de los departamentos más afectados por la Covid-19. Ello, tras aprobar unos ingresos de explotación de 828 millones de euros para 2020-2021, frente a los 791 millones que se había contemplado de inicio. Aun así, son 27 millones menos que en 2019-2020 y un retroceso de 231 millones en comparación con el escenario original que se dibujó para el último curso antes de la pandemia.

En cuanto a los costes, la dirección confiaba en rebajarlos hasta 796 millones de euros si logra el recorte en nóminas. Incluidos los costes financieros y los impuestos, el beneficio neto de esta temporada podría llegar al millón de euros. Eso sí, todo pasa por lograr en 48 horas un acuerdo que no ha sido posible conseguir en los últimos meses.