Joan Laporta y Aitor Elizegi tienen vía libre para liberarse del elevado coste de los avales. Los presidentes de FC Barcelona y Athletic Club andan atentos a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pues una enmienda introducida por el PNV les permitirá dejar de avalar el 15% del presupuesto de su club e incluso hacerse cargo de las pérdidas generadas por su gestión. Es una decisión que, a tenor del nuevo redactado de la norma, quedará en manos de los socios de cada equipo y la reforma de estatutos que se plantee. Pero, de entrada, salva especialmente al presidente blaugrana de una dimisión por imposibilidad de reunir un aval que podía irse a más de 200 millones de euros.

Pese a que el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha insistido en las últimas semanas en que se buscaría un aval por tramos en función del tamaño de cada club, las urgencias de Barça y Athletic han precipitado que se dé por buena la ambigua definición propuesta por el PNV. Del 15% del presupuesto de gasto y las pérdidas acumuladas por mandato de forma general y obligatoria, que es lo que se recoge en la Ley del Deporte de 1990, ahora se pasará a: “Los Estatutos de estos clubes deberán libremente establecer los requisitos para ser miembro de sus juntas directivas, tales como antigüedad, avales, etc”.

Más allá de las situaciones propias de cada club, el director general del Consejo, Albert Soler, aseguraba a 2Playbook semanas atrás que su intención era desarrollar “un nuevo formato porque la modificación es necesaria, pero lo que no va a ser es un aval del 0%; tiene que existir una garantía. Otra cosa es si va por franjas, cantidades o tramos”. Y esa situación, ahora sí podría darse en cualquier equipo si sus socios lo aceptan.

Otra cuestión es el margen de actuación que tendrá cada uno de ellos para adaptar corriendo sus normas internas. En el caso del Barça, LaLiga requirió a la junta de Laporta que sustituyera el aval anterior de 124,65 millones de euros por uno nuevo por el mismo importe hasta el 17 de enero de 2022. De este modo, le ganaba tiempo para que los partidos políticos resolvieran la situación antes de que el actual dirigente se viera obligado a dimitir si no era capaz de reunir un aval por un importe que ibar a ser muy superior al anterior.

Esta es la fecha límite que tiene el presidente para diseñar una reforma de estatutos que establezca un nuevo criterio para los avales y genere el suficiente consenso como para poder convocar una asamblea extraordinaria con veinte días de antelación, que es lo que marcan sus estatutos, y lograr una mayoría de al menos dos tercios.

Esta urgencia no es tan evidente en el Athletic Club o CA Osasuna, cuyo presidente, Luis Sabalza, ha sido reelegido para un nuevo mandato y se ha librado del aval por las ganancias acumuladas durante su primera etapa. En el caso de Elizegi, es una reforma que sobre todo le debe permitir no ver ejecutados los avales una vez finalice un mandato que, previsiblemente, se cerrará con números rojos al haber abarcado toda la crisis sanitaria.

Tampoco se esperan grandes cambios en el Real Madrid, cuyos requisitos son todavía más duros que los que marcan la Ley del Deporte. En este caso, los compromisarios aprobaron hace años la medida promovida de Florentino Pérez de que el 15% del pre-aval bancario sólo se podría garantizar con el patrimonio personal del presidenciable; además, debe presentarse antes de formalizar la candidatura, con tal de evitar situaciones in extremis como la que vivió el propio Laporta. Este es uno de los grandes motivos por los que Pérez no ha tenido oposición en los tres últimos procesos electorales.

La cuestión de los avales ha sido de amplio debate antes de que estallara la pandemia, pues el crecimiento del negocio del fútbol ha hecho que esa garantía del 15% del presupuesto limitara en exceso el número de personas que realmente pueden presidir un equipo profesional. A eso se suma la disfunción en la gobernanza, con juntas que generan elevados excedentes al principio del mandato para liberar el aval y arriesgan más hacia el final, cuando tienen cubierto no tener que responder con su patrimonio.

Todo esto saltó por los aires con la crisis sanitaria, cuando el CSD ya tuvo que intervenir con un cambio legislativo para que los clubes sociales no tuvieran que avalar las pérdidas provocadas por la Covid-19. De este modo, se evitaba una cascada de dimisiones en organizaciones deportivas.

En concreto, el Real Decreto aprobado en diciembre de 2020 establece que los clubes deben presentar un informe que refleje “las variaciones patrimoniales negativas directamente vinculadas a la Covid-19, considerando para cada ejercicio económico las pérdidas de todo tipo de ingresos” por la pandemia, así como las ayudas públicas obtenidas y “los ahorros y los aumentos de gastos asociados directamente a dichas pérdidas de ingresos y los demás ahorros que se hayan derivado de la aplicación de la legislación aprobada para paliar los efectos”.

También se acelera el fin de la obligación de ser SAD

El de los avales no es el único favor que el PNV le ha hecho a los clubes vascos de LaLiga, pues la otra enmienda que ha pasado el corte de la negociación política es la supresión anticipada de la obligatoriedad de convertirse en sociedad anónima deportiva (SAD). Es un cambio que salva especialmente la papeleta del Amorebieta, que casualmente, este jueves, pocas horas después de que el Senado apruebe los PGE, tiene convocada una junta extraordinaria en la que uno de sus puntos clave será la aportación de información a su millar de socios sobre esta obligación legal.

Su director general, Ibon Olalde, ya explicó a 2Playbook que el objetivo del club era tomar una decisión antes de final de año. Sin embargo, ahora, el club tendrá con esta enmienda un as bajo la manga para mantener su estructura jurídica.

Entre las razones para este cambio, según el PNV: “La Ley del Deporte se aprobó en 1990, en un momento en el que muchos de los clubes deportivos que desarrollaban actividades de carácter profesional se encontraban en una situación económica prácticamente insostenible”, comienza en su texto. “No obstante, debe advertirse que se ha potenciado en las últimas décadas la capacidad de los organizadores de las competiciones para realizar sistemas de control económico de los participantes que garanticen su viabilidad y la integridad de los torneos, habiéndose mostrado como el mecanismo real que ha permitido la viabilidad del deporte profesional”.