LaLiga da un ultimátum a la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) para justificar 267 millones de euros que la competición aportó al regulador durante el último mandato de Ángel María Villar. Fondos para honorarios a árbitros, alojamientos, viajes, dietas o partidas con destino al fútbol no profesional que la gestora considera no justificadas, según le detalla el propio Javier Tebas, presidente de LaLiga, a los máximos representantes de la federación en un escrito, avanzado por El Mundo, y al que ha tenido acceso 2Playbook.
En la carta, Tebas detalla a Luis Rubiales y Andreu Camps, presidente y secretario general de la Rfef, respectivamente, que, presuntamente, el 97% de 275 millones de euros que LaLiga abonó a la federación entre 2009 y 2017, con Ángel María Villar todavía de presidente, en relación a los respectivos convenios de coordinación entre las partes y el Real Decreto Ley 5/2015, “no se encuentran adecuadamente justificados”.
Entre las partidas que LaLiga sospecha sufrieron desvíos se encuentran 8 millones que debieran destinarse a las retribuciones de los árbitros, así como otros 10,6 millones aportados para gastos arbitrales en alojamientos, viajes y dietas. Además, de otros 13,9 millones “no existe documentación acreditativa de los pagos”, según concluyen los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (Igae).
El informe pericial tampoco ha logrado acreditar el correcto reparto de los 29,2 millones de euros que LaLiga abonó durante este periodo a la Rfef para los clubes de Segunda B y Tercera División.
Asimismo, “llama la atención que el informe de la Igae refiera que no consta información relativa al empleo de las aportaciones entregadas por LaLiga en cumplimiento de la obligación prevista por el art. 6.1 c) del R.D. Ley 5/2015, y que cifra la cantidad de 13,9 millones de euros”, apunta Tebas en su carta.
Por todo ello, el presidente de LaLiga da diez días a la Rfef para la recepción de toda la documentación federativa que justifique el destino de estos fondos, o la gestora “ejercitará cuantas acciones judiciales resulten oportunas en la legítima defensa de sus intereses”.
