La Ligue de Football Professionnel (LFP) se enfrenta al fundido sobre negro tras romper con Mediapro. El grupo audiovisual inicialmente se comprometió a mantener las retransmisiones de la Ligue-1 y la Ligue-2 hasta el 31 de enero, pero ahora ha remitido una carta a la gestora para ofrecerle alargar las emisiones de Téléfoot más allá de esa fecha para que no se produzca un apagón mediático.

En la carta, la compañía incluso se ofrece a mantener el canal y los ochos partidos por jornada “hasta el final de temporada”, de modo que siga en antena hasta que dé con un nuevo titular para esos derechos. Su ofrecimiento llega días después de que Canal+, única alternativa realista a día de hoy, haya señalado que sólo tendría interés en los derechos si se subastan todos, incluidos los dos que controla beIN Sports.

En esta propuesta, adelanta por AFP, Mediapro aclara que no pretende dar continuidad al canal para recuperar una inversión, que entre pagos ya realizados y la indemnización de 100 millones asumida, ya ronda los 300 millones de euros. Todos los ingresos, una vez descontados los costes operativos de la producción, irían a parar a los clubes de la competición.

La oferta de la compañía que lideran Jaume Roures y Tatxo Benet garantizaría que al menos los partidos llegan a 600.000 suscriptores, según los últimos datos hechos públicos. Y no es una cuestión menor de cara al retorno de la inversión que buscan todos los patrocinadores, ya privados de impactar en directo al público en las gradas.

Mediapro tenía los derechos exclusivos de ocho partidos de la Ligue-1 por semana a cambio de 780 millones de euros anuales entre 2020-2021 y 2023-2024. Por toda la exclusiva de la Ligue-2 debía pagar 34 millones de euros adicionales. Ambos acuerdos quedaron extinguidos a finales de diciembre, tras la ratificación del acuerdo extrajudicial que alcanzaron las partes.

Por estos derechos han mostrado interés Canal+, pero también las cadenas en abierto M6 y TF1, así como el grupo público France Televisions. El nuevo concurso debería quedar resuelto en dos semanas, pero las primeras manifestaciones públicas son las que hacen pensar que el proceso podría demorarse por más tiempo.