El deporte se ha situado como uno de los elementos centrales de las políticas públicas a causa del Covid-19. Cómo abordar el regreso de las competiciones, cómo facilitar la práctica sin provocar contagios, ejercicio físico como elemento de prevención… Y si algo ha reclamado el sector privado es una mayor inversión pública, que sigue por debajo de la media europea pese a los esfuerzos de los últimos años. Si bien no existen datos previos a la crisis de 2007, en el lustro que va de 2014 a 2018 el presupuesto público para deporte ha aumentado un 27,2%, hasta 3.135 millones de euros, según los datos recopilados por 2Playbook a partir de las estadísticas del Ministerio de Cultura y Deporte. 

En este importe se incluye la inversión del Consejo Superior de Deportes (CSD), dependiente de la Administración general, que es el nivel administrativo que menos recursos destina al deporte, por detrás de los ayuntamientos, los gobiernos autonómicos y las diputaciones y cabildos. Su aportación es de sólo el 5,6% del total, y tiene en cuenta el presupuesto en programas de fomento y apoyo a las actividades deportivas, incluida la élite, el deporte en edad escolar y la universidad y el programa de cooperación, promoción y difusión en el exterior.

Del total del presupuesto del CSD, que en 2018 fue de 180 millones de euros, el 27,9% se destinó las subvenciones de las federaciones deportivas, y fueron las olímpicas las que recibieron el 89,2% del pastel, según se desprende del informe Estudio comparativo internacional de los modelos de deporte de alto nivel.

El documento, elaborado por Deloitte, refleja que, de los once países analizados, España es el que recibe menos subvenciones por habitante, con 1,5 euros, por los 4,8 euros de Reino Unido o los 4,1 euros de Italia. “Deberíamos recibir 100 millones más del Estado para equipararnos a países de nuestro entorno”, explica José Hidalgo, presidente de la Asociación del Deporte Español (Adesp), que reúne a todas las federaciones olímpicos del país.

Esa brecha entre las subvenciones de las federaciones españolas y lo que reciben las de otros países son las que han propiciado la búsqueda de fuentes de financiación propia, como el patrocinio, las licencias y cuotas, y la organización de eventos. “En 2013 el presupuesto era de 80% subvenciones y sólo el 20% de ingresos propios; para 2024 el objetivo es alcanzar un 70% de ingresos propios y 30% de subvenciones”, explica José Luis López Cerrón, presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (Rfec), en una entrevista a 2Playbook.

“Hay que cambiar la ley del deporte y patrocinios: juntarnos todos, Hacienda, Deporte, Empresa, escuchar a las partes y llegar a un consenso para crecer de forma transversal a favor del deporte con una ley de mecenazgo”, añadió Hidalgo semanas atrás. Pero la política deportiva de un país trasciende al deporte de élite y abarca al ciudadano. En ese ámbito, el margen de actuación recae en los gobiernos autonómicos y sobre todo locales, cuyo presupuesto a deporte se destina al fomento, promoción y ayuda al deporte o a sus infraestructuras.

El gran peso de la inversión pública recae en la administración local, que, a través de los ayuntamientos, destinó 3.057 millones de euros, un 74,6% del total, en 2018. El 8,4% restante depende de las diputaciones y los cabildos. El presupuesto de las comunidades autónomas representó un 11,7% del gasto público en deporte en 2018, con 358,2 millones de euros.

El hecho de que el mundo local tenga un peso tan relevante es de vital importancia, porque la financiación deportiva de estos organismos es la que ha experimentado el mayor incremento durante los últimos años. La inversión se disparó en torno a un 50% entre 2014 y 2018, un ritmo de crecimiento que prácticamente dobla al experimentado por el conjunto de la inversión pública en deporte en este mismo periodo.

Esa mejoría se tradujo en un mayor gasto público en deporte por ciudadano: 74,8 euros por español en 2018, por los 58,3 euros cinco años atrás. Fue un avance del 28,3%, aunque, eso sí, la evolución fue desigual en cada región. En la ciudad autónoma de Melilla la administración invierte en deporte 134,7 euros por cada habitante, cerca de sesenta euros más de la media española, debido a que en Melilla sólo residencian 86.384 personas en 2018, por lo que cada euro invertido se reparte entre menos población.

La desigualdad en inversión de la Administración por habitante dibuja un mapa con claras diferencias entre norte y sur. En las regiones de la zona más septentrional de la Península Ibérica, como País Vasco, se destina más dinero a deporte que en las del sur, como Murcia. Mientas que en la primera la relación inversión/habitante fue de 103 euros, en Murcia sólo fueron 49,5 euros. Le sigue Andalucía, la región más poblada de España, donde sólo se destinaron 49,5 euros por habitante en 2018.

La tercera región con menor inversión por ciudadano fue la Comunidad Valenciana, donde mecenas como Juan Roig han promovido por iniciativa privada rutas urbanas de running, competiciones en la ciudad y hasta clubes deportivos profesionales, como el Valencia Basket. En esa región la inversión por ciudadano fue de 51 euros. La Comunidad de Madrid fue la cuarta región con menor gasto público deportivo por habitante, con tan solo 54,9 euros por madrileño.

Por debajo de la media de 74,8 euros también están Asturias y una de las regiones con más federados y practicantes, Cataluña, donde la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos se combinaron para destinar 64,6 euros a deporte por cada ciudadano.

La otra cara de la moneda son Baleares, con 101,9 euros, Aragón, con 84,6 euros, y Canarias, con 91,7 euros. El caso insular es particular, ya que es una de las pocas regiones donde el gasto público ha caído respecto a 2014, cuando superó los 105 euros por ciudadano. La otra excepción es La Rioja, que, aunque está por encima de la media en el ránking, ha visto como el presupuesto municipal y autonómico ha caído un 7,5% en cinco años.

Ahora que el Covid-19 ha golpeado con fuerza la salud de parte de la población, el sector deportivo reivindica su papel para contribuir a la prevención y la recuperación de los ciudadanos. En ese contexto, el Congreso ha aprobado que el deporte tenga la consideración de actividad de interés general, lo que podría ser el primer paso para la reducción del IVA del sector del 21% al 10%, según apuntan algunos empresarios del sector del fitness.

Un 55% de los miembros de la comunidad de 2Playbook en Linkedin así lo considera, por el 15% que pide un plan de inversión pública. “A los gobiernos les pedimos que reconozcan el deporte y que no ponga en duda que los gimnasios somos un eslabón más de una en la cadena de la lucha contra el Covid y que nos vea como una herramienta para hacer una sociedad más sostenible porque una sedentaria es insostenible para el sistema”, apunta Gabriel Sáez, presidente ejecutivo de la gestora de centros deportivos GO fit.

Una de las máximas responsables de la política deportiva del país, la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, ha afirmado recientemente que “velará porque el deporte sea la punta de lanza en la España que emerja de la crisis” provocada por el Covid-19. Pedro Sánchez ha posicionado al deporte y la cultura en el plan de recuperación financiado por los fondos europeos y ha confirmado que destinará 792 millones a este sector hasta 2023. El tiempo dirá si ha sido suficiente.