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El CSD plantea introducir la subvención por programa para poner fin a las federaciones “analógicas”

El Gobierno trabaja “en la modernización de la gestión de las federaciones”, destaca su director general, Albert Soler, quien apuesta por mejorar los resultados deportivos con proyectos en los que “se puede valorar mucho más el trabajo a tres años vista”.

Estadio Vallehermoso Atletismo

Patricia López / Jabier Izquierdo

El Gobierno tiene un plan con el deporte español y pasa por un cambio de mentalidad, en el modelo de gestión y, también, en el del reparto de las ayudas públicas. “Ya hay federaciones modernas, pero algunas se han quedado en el modelo de 1986. Hasta que se eligió a Barcelona como sede olímpica, el modelo de las federaciones era casi militar”, recuerda el director general del Consejo Superior de Deportes (CSD), Albert Soler, a 2Playbook. ¿La solución? Trabajar más con la subvención por programas. “Quizás hay que buscar cómo, con el mismo dinero, invirtiéndolo distinto, tener mejores resultados”, resume.

El máximo ejecutivo del CSD reconoce que “nos gusta más el concepto del contrato programa que la subvención”. Entre los motivos, Soler cree que con proyectos ad hoc, como los que ya han comenzado a desarrollar algunas disciplinas, “tú puedes valorar muchísimo más el trabajo de una federación con dos o tres años vista”. Es decir, un plan de ayudas más orientado a la consecución de resultados que con un sistema de reparto según licencias, entre otros.

“Vamos a iniciar un proceso más de especificidad y de selección de aquellos deportes en los cuáles vamos a invertir con el objetivo de atender al alto rendimiento. Aquí no vamos a trabajar la promoción del deporte, aquí trabajamos para conseguir medallas”, agrega.

Otra razón es la adecuación del deporte español al ecosistema internacional, a las necesidades de la competición y de la propia industria en cada una de las disciplinas. “El mundo del deporte ha evolucionado muchísimo desde entonces (1986). Algunas federaciones han hecho un gran esfuerzo para adecuarse a las realidades de ese deporte y un gran trabajo de modernización y son digitales, pero hay otras que siguen siendo analógicas”, asegura.

Soler quiere acabar con esto. Trabajando en “la modernización de la gestión” de los organismos federativos, sin olvidarse de los topes que la administración tiene. “Lo que no puede ser es que todas las federaciones, cuando se les da la subvención, siempre digan que les falta dinero. Y es normal, porque todas quieren hacer más, pero después yo les digo: Vale, ¿y los resultados? -cuestiona-. Porque no olvidemos que el deporte de la competición es una competencia pública traspasada a unas entidades privadas con monopolio que se llama federaciones y por eso les damos dinero público, y por eso existe un control público a las federaciones”.

Por ello, el CSD prevé incrementar su apuesta por federaciones que presenten proyectos y programas concretos para destinar en ellos los recursos públicos. “Que las federaciones respondan a las realidades de su deporte y de la propia sociedad también tiene un componente de subvención”, justifica el director general.

Soler matiza que este cambio de mentalidad “no significa que dependan menos del dinero público. A veces esa adecuación requiere de una inversión que esas entidades no pueden hacer porque no tienen suficientes recursos. Nosotros no nos queremos ahorrar dinero. Ojalá tuviéramos más dinero para repartir en las federaciones, aunque esto no se trata de un café para todos”.

 

¿Cuál es el criterio para el reparto de las subvenciones?

La llegada de la pandemia de la Covid-19 ha modificado los criterios de reparto, pero las ayudas se siguen repartiendo en dos grandes bloques: preparación deportiva de alto nivel y presencia internacional de directivos españoles.

La primera tiene como objeto “apoyar a los deportistas y equipos nacionales”, a través de las federaciones, para “optimizar su preparación y rendimiento en las competiciones de ámbito internacional”. En 2021, al tratarse de año olímpico y paralímpico, el reto era claro: estar en Tokio 2020 y, en la medida de lo posible, lograr medallas.

El 4% de los 53 millones de euros que aportó el CSD el pasado año por este concepto se distribuyó siguiendo criterios como las posibilidades de éxito deportivo de los deportistas en los Juegos, la integración de especialidades paralímpicas en las federaciones -algo que pasa a ser obligatorio con la nueva Ley del Deporte- y el desarrollo de iniciativas de fomento de competiciones de deporte adaptado, así como la inclusión de nuevas especialidades en los programas olímpico y paralímpico en Tokio 2020. Eso sí, la mayor puntuación -20 sobre 50-tiene relación con situaciones o acontecimientos excepcionales que deben acometer las federaciones en el año en cuestión.

Con la pandemia, se decidió repartir otro 4% por criterios relativos al impacto de la Covid en las federaciones. En este sentido, el CSD valoró con igual rango la pérdida de ingresos y patrocinios que justificaran los organismos “por efectos de la pandemia” y el porcentaje que supuso el déficit de estas facturas sobre el total del presupuesto federativo para 2021.

El resto de esta partida, la mayoritaria, tiene relación con los resultados deportivos. Para esa alta competición se reparte anualmente -se hacía también antes de la Covid- atendiendo al número de licencias, comparándola con el año anterior, y marcando diferencias entre las federaciones olímpicas, las exclusivas para deportistas con discapacidad y el resto de federaciones.

En cada uno de ellos se toma como base los criterios deportivos y los económicos. En el primero, los resultados deportivos copan 45 puntos sobre 100, mientras que el proyecto deportivo para obtener los éxitos en los grandes campeonatos se lleva el resto.

La partida de la subvención que se reparte por la gestión económica y administrativa tiene ocho puntos, y ahí se incluyen desde el porcentaje de gastos directos sobre el total de gastos del último ejercicio, la transparencia en la liquidación del presupuesto en los últimos cuatro años o la presencia en los estatutos de la federación de una limitación del mandato del presidente, con hasta un máximo de tres legislaturas. Esta medida, promocionada, estuvo presente en un primer momento en el borrador de la nueva Ley del Deporte, aunque finalmente cayó de la misma.

Para el fomento de la presencia de directivos españoles en organismos y federaciones internacionales, el Gobierno destinó 100.000 euros.

 

Nueva Ley del Deporte: fin a las ligas profesionalizadas y permiso para aliarse con la TV de LaLiga

Hay un término que venía trayendo “confusión” en la gestión de competiciones deportivas. Las denominadas ligas profesionalizadas ya son historia con la nueva Ley del Deporte. En ellas se pretendían incluir a aquellos torneos que tienen organización propia, que movían cierto volumen económico y que tenían vinculación contractual de sus deportistas, aunque insuficiente para su organización a través de una liga profesional.

Se trataba de un escalón intermedio entre los torneos profesionales y no profesionales, y que estaban incluidas en el calendario de las respectivas federaciones deportivas. Promotoras de estas competiciones, que serán consideradas ligas aficionadas, las federaciones ahora podrán alcanzar acuerdos con una liga profesional (LaLiga, ACB y, próximamente, la Primera Iberdrola) para que las gestione. Es decir, LaLiga podría asumir la gestión del fútbol femenino de élite. Pero antes, debería alcanzar un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol (Rfef).

“Generaba más confusión que ayuda”, apuntaron desde el CSD cuando, finalmente, esta tipología no fue incorporada al anteproyecto de Ley del Deporte aprobado por el Congreso. No supone un roto para el resto de competiciones que aspiraban a subir un escalón en la pirámide, puesto que tanto los clubes de Asobal, Lnfs y la Liga Femenina Endesa llevan años trabajando para conseguir la denominación de competición profesional, en lugar de profesionalizada.

Asimismo, la Ley elimina la posibilidad -inicialmente sondeada por el CSD- de que una entidad privada, con o sin ánimo de lucro, pueda gestionar una competición. Es decir: los fondos no podrán entrar en la gestión de competiciones ni los atletas unir fuerzas para promover un circuito profesional.

Por otro lado, el Gobierno permitirá que LaLiga compre las retransmisiones de las federaciones para su OTT. Tras varios intentos de veto, el Ejecutivo rectificó y eliminó a última hora el contenido del artículo que bloqueaba esta posibilidad.

Así, la Ley del Deporte tiene en cuenta una de las mayores reivindicaciones de las federaciones, que podrán vender sus derechos audiovisuales a la LaLigaSportsTV, cuya inversión anual en estas competiciones alcanzó los 3,3 millones de euros en 2019-2020. Con este dinero, las federaciones invierten en la producción audiovisual y mejoras de sus ligas. Además, la gestora del fútbol profesional mantiene acuerdos que sí incluyen pagos por derechos, como sucede con Asobal, Lnfs y LEB Oro.

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