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El CSD quiere fijar por ley paridad audiovisual de competiciones masculinas y femeninas

El Gobierno da un paso adelante en esta materia, que se suma a la paridad en los órganos directivos de las entidades deportivas e igualdad en premios. Además, las deportistas de alto nivel mantendrán su condición durante cuatro años.

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El deporte español igualará las fuerzas entre hombres y mujeres. El nuevo anteproyecto de la Ley del Deporte aprobado por el Gobierno promoverá, al fin, la igualdad efectiva en el seno del deporte con la paridad administrativa, la igualdad en premios y la extensión de derechos. Una igualdad que, como novedad, también se quiere llevar hasta la televisión, pues en el último borrador se equipara al 50% la difusión de eventos deportivos masculinos y femeninos en los medios de comunicación.

No es una imposición, pero aumenta la disposición del anterior anteproyecto, de 2019, en el que se hablaba de una “mayor visibilidad”. Este punto de la ley abarcaría, principalmente, a Rtve y su canal temático Teledeporte, que ha incorporado nuevas competiciones y ligas femeninas en los últimos años, como, por ejemplo, la Primera Iberdrola de fútbol, tras alcanzar un acuerdo con la Rfef.

Más allá de la importante promoción audiovisual del deporte femenino, el Ejecutivo quiere impulsar la igualdad en la nueva ley con otros puntos con históricas carencias. Una de ellas es el de la igualdad en los órganos directivos de las entidades deportivas españolas. Se entiende por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%.

“Tampoco podía mantenerse el Estado sin respuesta ante la merma de derechos que las mujeres deportistas sufren al quedarse embarazadas”, indica el anteproyecto. En este sentido, el objetivo es eliminar la brecha que genera la parada de la mujer en su actividad competitiva, provocada en numerosas ocasiones por quedarse embarazada.

Para poder llevar a cabo la gestación y la futura conciliación familiar, la ley presentada prevé que las deportistas mantendrán sus derechos de voto aun cuando no cumplan los requisitos generales establecidos, especialmente los que exigen un tiempo mínimo de la licencia o de la práctica de la actividad deportiva, y se conservarán sus derechos como deportistas de alto nivel una vez transcurrido este periodo.

El objetivo del Gobierno es mantener la condición de deportista de alto nivel durante los cuatro años posteriores a la última vez en la que la atleta cumplió con los requisitos para disfrutar de tal consideración. Así se promueve la vuelta a la actividad de las mujeres que sean mamás.

Al respecto, la fórmula para poder llevar a cabo la conciliación familiar y medidas de protección en casos de maternidad y lactancia la deberán establecer las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales, como la próxima Liga Ellas. Este plan, que también se aplicará dentro de la estructura de la propia entidad, será objeto de comunicación al Consejo Superior de Deportes (CSD).

“Hoy en día asistimos al crecimiento imparable del papel de las mujeres en el deporte sin que el ordenamiento jurídico responda de idéntica forma a este fenómeno”, destaca el Gobierno en el anteproyecto.

 

Igualdad de premios en eventos con financiación pública

Por otro lado, otra de las mermas del deporte femenino tiene que ver con la bolsa de premios. En este sentido, la ley garantizará la igualdad de premios entre ambos sexos siempre que los eventos deportivos se organicen o se encomienden a un tercero por una Administración Pública, o se financien total o parcialmente a través de fondos públicos.

Lo mismo sucede con las dietas, con un sistema de partidas por este concepto igual para mujeres y hombres. Torneos como el Mutua Madrid Open de tenis ya contemplan esta paridad desde hace años.

Por último, el Estado desarrollará políticas específicas de lucha contra la violencia hacia las mujeres en el deporte y los estereotipos por cualquier razón.

Al respecto, todas las federaciones deportivas deberán crear una comisión de género para gestionar “incidencias producidas en su seno relativas a discriminación por razón de sexo, orientación sexual, expresión de género o identidad sexual”, además de elaborar un informe anual sobre igualdad, que será elevado al CSD y al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

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