El pulso entre LaLiga y Real Madrid a cuenta de la inversión de CVC ha comenzado. El club ha anunciado la convocatoria de una asamblea de compromisarios para adoptar una posición oficial, en torno a una operación que la junta de Florentino Pérez considera que va “en contra de la ley”.

La gestora del fútbol profesional ha reaccionado con un comunicado en el que asegura que el “blindaje jurídico” de la entrada del fondo de inversión está asegurado. En el proceso ha estado asesorado por los bufetes de abogados Uría Menéndez  y Latham & Watkins.

El Madrid denuncia que la entrada del fondo con una participación del 10,95% en el negocio comercial se ha hecho sin contar con su participación ni conocimiento. Es más, asegura que ha sido hoy, una vez lo aprobaron quince clubes en comisión delegada, cuando se les ha permitido un “acceso limitado a los términos del acuerdo”.

Una vez analizada la documentación, el club blanco denuncia que se ha creado “una estructura engañosa” que “expropia” parcialmente los derechos audiovisuales durante cincuenta años. Además, según sus estimaciones, la rentabilidad anual que conseguiría CVC, al que califica de “fondo oportunista”, es de más del 20% anual.

“Era una reacción previsible dada la trayectoria de dicho club de oponerse de manera frontal y demandar cualquier proyecto estratégico que suponga un avance y un impulso de la competición y sus clubes”, sostiene la entidad presidida por Javier Tebas. De hecho, en la asamblea se da por descontado que la operación saldrá adelante, por más que el Madrid se oponga alegando que es “una operación que regala a unos inversores el futuro de 42 clubes de Primera y Segunda División”.

La gestora del fútbol profesional español ha alcanzado un acuerdo con CVC, por el que la firma de inversión inyectará 2.700 millones de euros aproximadamente a los clubes. Los equipos recibirán el 90% de este importe, distribuido en función de su peso en el negocio audiovisual durante las últimas siete temporadas.

Los fondos se traspasarán a los clubes en formato de crédito blando a 40 años con un tipo de interés del 0%, de modo que el golpe fiscal será inferior a si se apuntara como un ingreso extraordinario. Además, al tratarse de préstamos participativos tendrán la consideración de patrimonio neto, por lo que no computarán como deuda en el balance.

En cuanto a la finalidad del dinero, LaLiga quiere evitar que se destine a fichajes, por lo que tendrán carácter finalista. De hecho, el 70% del dinero deberá destinarse a inversiones en infraestructuras, un 15% a refinanciar deuda y compensar pérdidas por la Covid-19 y otro 15% a aumentar el límite de plantilla. En este último punto, podrán dividirlo en tres años, por lo que FC Barcelona y Madrid contarían con unos 40 millones extra para definir su primer equipo este año, por ejemplo.