El director ejecutivo de Primera Federación amplía sus competencias hasta Segunda Federación. Javier Vich, que se incorporó en julio al organismo como director ejecutivo de la tercera categoría del fútbol español, también gestionará la cuarta categoría, según ha anunciado la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) en un comunicado.
La Rfef busca con este nombramiento “mejorar la eficiencia organizativa y aprovechar las sinergias de la Federación” por el hecho de ocupar el mismo cargo en ambas competiciones, tal y como ha explicado el organismo en una nota remitida a los clubes. En Segunda Federación Vich sustituirá a Pedro González Segura, que compaginaba el cargo con la dirección de Tercera Federación.
Vich llegó a Primera Federación tras su experiencia en el Levante UD, al que llegó junto a Quico Catalán. A principios de 2022, dejó Orriols por motivos personales y tras haber alcanzado un acuerdo con el club. El ejecutivo, que contaba con experiencia previa en el Valencia CF, dirigía un área compuesta por hasta una decena de profesionales que lideraban los diferentes segmentos de negocio.
18 de 40 clubes de Primera Federación denuncian agravios
En Primera Federación, Vich recibió la semana pasada una carta en la que 18 de los 40 clubes de la categoría denunciaban ante el regulador “agravios” en su propuesta para una mejor gestión y explotación de la liga. En esta solicitaban a Vich una reunión “urgente” antes de votar por los dos modelos puestos sobre la mesa por la Federación. Los clubes solicitaron la suspensión hasta que no se reformulasen las opciones presentadas.
Este nutrido grupo de clubes lamentaba la negativa de Vich de reunirse con ellos para aclarar cuestiones y dudas sobre la propuesta. Entre ellas, en la misiva se destacaban tres aspectos que se incluyen en el Modelo B, en el que la Rfef les garantizaría los mismos importes que repartía hasta la fecha.
Vich recibió la semana pasada una carta en la que 18 de los 40 clubes de la categoría denunciaban ante el regulador “agravios”
El primer punto es la negociación colectiva: la Federación propone crear una comisión de clubes “negociadora del convenio colectivo con los sindicatos de futbolistas. La Rfef presidirá las reuniones ejerciendo una función de coordinación y eventualmente de mediación, así como de garante de que los acuerdos sean acordes con el cumplimiento de las normas de la competición y del sistema federado reconocido por las normas deportivas nacionales e internacionales”, detalla en la propuesta.
Sin embargo, los clubes entienden que “este asunto no puede ser objeto de cesión a la Rfef, aunque se vista bajo el paraguas de coordinación o mediación, ya que la normativa vigente deja claro quiénes son los actores legitimados al efecto”.
Otro punto que no comparten este nutrido grupo de equipos es el del arbitraje. “Se pretende impone a los clubes el sometimiento a arbitraje de cualquier decisión disciplinaria en apelación, privándoles de su capacidad para optar por otras jurisdicciones habilitadas por el ordenamiento jurídico”, denuncian.
Sin embargo, las dos grandes cuestiones en esta negociación entre federación y clubes son la explotación comercial y el control económico. Ambos, claves para alcanzar una sostenibilidad lejana por ahora: en total, los equipos registraron 40 millones de pérdidas conjuntas en la última temporada, y sin contar con los filiales.
En la carta, estos 18 clubes lamentan que en el Modelo B propuesto por la Federación “se condiciona la comercialización de activos a la intervención directa de la Rfef, sin definir qué se entiende por activos vinculados o relacionados con la Primera Federación”. Además, “se nos prohíbe realizar acciones conjuntas para la comercialización de cualquier activo del club”. Y este punto les irrita particularmente, ya que lo consideran un “claro agravio comparativo respecto de los clubes filiales, a los que se les consentiría sin limitación alguna”.
En cuanto al control económico, lamentan que en la propuesta recibida por los clubes no se les facilita “el contenido del desarrollo reglamentario”, además de “todo lo relativo a las obligaciones formales y materiales del sistema de control”.
