La relación comercial entre New Balance y Experience Store no ha tenido un final feliz. Tras diez años como socios, ambas empresas se han enzarzado en una batalla judicial que ha terminado con el cierre de las 22 tiendas que el fabricante estadounidense tiene en España y Portugal. De este modo, el intento de la multinacional de hacerse con su socio español no ha llegado a buen puerto y tras realizarse una serie de contraofertas, que van desde los 40 millones hasta los 14 millones de euros, según ha podido saber 2Playbook, la relación se ha dado por rota, dejando por el camino a 250 empleados.
El pulso judicial entre New Balance y su socio en España viene de largo. Antes de informar a Experience Group de su intención de poner fin a su contrario comercial, la marca de calzado deportivo solicitó el pasado mayo iniciar las negociaciones de compra de una compañía que controlaba casi toda su red de tiendas propias. Eso, o ampliar hasta 2025 el acuerdo de licencia para acompasarlo al plan de expansión que había asumido el retailer, según la documentación aportada al juez.
Desde el grupo español explican a este medio que ellos propusieron celebrar una mesa de diálogo y negociación que New Balance rechazó en todo momento. Experience también contrató a Grant Thornton para que realizara una valoración de su negocio en el 2021 que el fabricante estadounidense rechazó tener en cuenta.
La primera valoración alcanzaba los 40 millones de euros, dividido entre los 33 millones de euros atribuibles al valor del negocio y 7 millones más en los que se estimó la construcción de marca y el posicionamiento de esta. Sin embargo, el deterioro de la situación de la cadena de tiendas a causa de la Covid le fue llevando a asumir una mayor deuda y que su valoración se fuera reduciendo a medida que el fin del contrato se iba acercando.
Después del verano ya se hablaba de una transacción de 14 millones de euros, básicamente mediante la asunción de los pasivos acumulados por Experience Group. “Nunca hizo una oferta en parámetros de mercado, New Balance solamente quería hacernos creer un interés de compra que realmente no existía”, explican fuentes conocedoras del proceso.
Con anterioridad a la crisis sanitaria de la Covid-19, Experience Group mostraba una posición financiera sólida, y en 2019 registró un beneficio neto de 192.179 euros, con una facturación de 13,75 millones de euros. Sin embargo, en 2020 la situación fue muy distinta. La empresa cerró ese año con unas pérdidas de 996.594 euros y una caída de ventas del 38%.
Además, la compañía solicitó en 2020 un préstamo ICO de los avales Covid-19 por valor de 6,8 millones de euros. “Eran conocedores de la financiación ICO solicitada durante la pandemia para poder salvar el negocio y afrontar el cierre temporal de tiendas”, recuerdan desde la compañía, que durante esos meses recibió el OK de la marca a nuevas aperturas vinculadas a un plan de expansión hasta 2025.
Las discrepancias también se centran en la deuda que New Balance considera que Experience no ha pagado y a la que se aferra en todo este proceso judicial para no compensar a su socio en los últimos diez años. Dicha deuda se comenzó a acumular en 2019, cuando ya era de dos millones, y asciende actualmente a seis millones de euros.
La empresa se defiende y señala que ésta es consecuencia de la logística que hubo que gestionar en las tiendas por los problemas de aprovisionamiento sufridos por New Balance en Ámsterdam. Aseguran que es una mercancía en consigna de los últimos tres-cuatro años que, cuando quisieron devolverla al grupo, no se aceptó.
Fuentes internas de Experience indican que su alternativa fue pagar el stock asumido, pero para ello solicitaba cubrir una ampliación de capital por parte de los socios o establecer un plan de pagos en cinco meses que New Balance rechazó. “La marca y Anna Scheidgen, consejera en ambas empresas, nunca aceptaron ninguna devolución ni de un par de zapatillas por parte de Experience”, critican.
Demanda de Experience
A partir de aquí, y ya con las tiendas cerradas y los empleados en el paro, el gran quid de la cuestión es si se establecerá una compensación o no para el retailer por el trabajo de construcción de marca para New Balance que ha asumido desde 2011. Es la decisión que deberá adoptar el juez en base a todas las pruebas aportadas por las partes.
El caso que sí ha llegado a los tribunales fue la demanda interpuesta por Experience Group a New Balance por romper el contrato de suministro, cuando este finalizaba el 31 de diciembre. El pasado 19 de diciembre, sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Redondela acordó “denegar las medidas cautelares interesadas, con imposición de costas a la parte actora”.
Estas consistían en mantener la red de tiendas operativa para evitar el despido de los 250 trabajadores mientras se dirimían las diferencias. La marca defiende que había ofrecido a su socio continuar el suministro de mercancía, pero en condiciones de pago diferentes a las que tenía como casi operador en exclusiva de sus puntos de venta monomarca.
Esta resolución ha supuesto que entre los próximos 10 y 15 de enero, el socio de New Balance en España y Portugal vaya a cerrar sus 22 tiendas, aplicando un Expediente de Regulación del Empleo (ERE) que afectará a 250 trabajadores.
Experience Group pide que se le garantice el suministro y las últimas colecciones, además de renovar el contrato automáticamente por cinco años más, hasta 2025, para poder amortizar las inversiones realizadas y aprobadas junto a New Balance con ese horizonte temporal. De hecho, este mismo año se abrieron nuevos establecimientos en Bilbao y Madrid.
La multinacional estadounidense defiende que informó a la distribuidora hace seis meses de su decisión de no renovar su contrato comercial. Además, Experience sostiene que “nadie en su sano juicio abre tiendas en mayo de 2021 y concierta arrendamientos de 5 y 10 años si piensa que no va a poder vender nada en esas tiendas seis meses después”.
Por su parte, New Balance ha informado de que, a través de Alfico, abrirán nuevas tiendas propias en España a partir de este año. “No está previsto cambiar ninguna estrategia y tenemos planeado abrir un gran número de tiendas en todo el mundo, incluidas España y Portugal”, subraya el fabricante de zapatillas.
Historias similares
Otras historias similares que han sucedido en España son las de Under Armour o Puma. En el caso de la primera, la marca estadounidense fue obligada por la WIPO Arbitration and Mediation Center a pagar una indemnización de cinco millones de euros para compensar a Alnisa Sport por no renovar el contrato de distribución que mantuvo con la empresa durante diez años. Al igual que sucede con Experience, Alnisa exigió una compensación por lo que consideraba una recisión de contrario injustificada.
En el caso de Puma, en 2010 fue obligada por el Tribunal de Arbitraje de Madrid a indemnizar a Estudio 2000, su licenciatario en España, con 98 millones de euros. Puma llevaba a cabo sus operaciones en el país a través de Estudio 2000, aunque en 2009 optó por hacerse con el controlo absoluto de su actividad en España. A pesar de esta sentencia favorable para la distribuidora española posteriormente el Tribunal de Arbitraje absolvió al fabricante alemán de pagar esta compensación.
New Balance se une así a la lista de retailers deportivos que han tenido que recurrir a los juzgados tras tratar de hacerse con la gestión completa de su operativa en España a través de la adquisición de su socio en el país.
