“Es normal que tenga que modificarse, porque estamos trabajando una Ley del 90, pero se nos va a quedar obsoleta en poco tiempo con el nuevo anteproyecto”. “Espero que el borrador tenga todavía mucho por desarrollar”. “Ya vamos por las cien enmiendas”. Estas tres frases corresponden a presidentes federativos de ámbito nacional. Veteranos que conocen a la perfección la normativa que rige desde hace tres décadas el deporte español. Y dos dirigentes que lamentan que apenas se han realizado modificaciones de relevancia en el anteproyecto sobre las 151 enmiendas que se presentaron ante el Gobierno en abril de 2019.
Entre los temas candentes, más si cabe tras la crisis de la Covid-19, la obligatoriedad de pagar la Seguridad Social a árbitros y jueces federativos, el 21% de IVA para los gimnasios y el bloqueo de los acuerdos sobre derechos audiovisuales entre la OTT de LaLiga y las federaciones.
Otros asuntos, como el de la limitación de mandatos de los presidentes federativos o la expedición de licencias por parte de los organismos deportivos autonómicos también están siendo tema de debate, pero ahí podría haber cambios en cualquier momento. Se demostró recientemente con la fijación de un periodo máximo para los presidentes federativos.
El 23 de junio, el Gobierno expuso en el borrador una limitación de dos mandatos consecutivos o de tres alternos. Sólo siete después, esta medida se había esfumado del texto. Entre medias, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, anunció su rechazo en público.
Más allá de cuánto tiempo deben o no permanecer en el sillón presidencial, las federaciones, agrupadas en la Asociación del Deporte Español (Adesp), presentarán antes del 20 de junio una batería de enmiendas al nuevo borrador de la Ley.
Aunque el texto se mantiene en secreto, varios presidentes consultados por 2Playbook han coincidido en algunos puntos a modificar. El primero es el de la monetización de la difusión de sus competiciones. Adesp sitúa la venta centralizada de los derechos audiovisuales federativos como un objetivo prioritario a poner en marcha en los próximos años. De hecho, se conocen reuniones y negociaciones con diferentes plataformas que podrían estar interesadas en la adquisición de paquetes polideportivos.
Sin embargo, el Gobierno difiere en su plan para las federaciones, que cabe recordar son organismos privados. Altamente subvencionados con dinero público en algunos casos, pero privados. El CSD y el Ministerio de Cultura y Deporte, que tiene en Miquel Iceta a su nuevo titular, plantean que las federaciones cambien de socio audiovisual. Muchos de los reguladores mantienen acuerdos con LaLiga para emitir en su OTT sus competiciones. A cambio, la gestora del fútbol profesional les aportaba hasta la fecha en torno a tres millones de euros.
Pues bien, ahora es el Gobierno quien quiere comandar esto y repartirá este dinero vía subvención, con un máximo de 150.000 euros por federación. Una medida que ha sido rechazada por mayoría por los organismos deportivos, que en un año complicado como el actual por la pandemia, aún no saben cuánto y cuándo cobrarán para producir sus torneos. “Otros años, LaLiga ya nos había pagado todo”, denuncian. En consecuencia, se están produciendo y emitiendo menos torneos. En el fondo, se trata de un veto a LaLigaSportsTV para que el deporte español se pase a Teledeporte, aunque ésta no pague por la producción. Sólo se compromete a la difusión pública.
Intervencionismo en las cuentas y altas de árbitros a la Seguridad Social
Grosso modo, lo que solicitan las federaciones en esta nueva Ley del Deporte es que se les tenga más en cuenta, que se les reconozca como elemento “transversal” en el desarrollo del sector. En este sentido, Adesp iba a tener inicialmente una presencia mayor como asesor del CSD y nexo con las federaciones, pero en la última modificación esta disposición adicional se ha eliminado.
Algunos de los puntos a tratar con la asociación son la inclusión de la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social a sus jueces y árbitros, algo que entienden que generará un notable sobrecoste, además de que puede derivar en “la creación falsos autónomos que tanto critica el Gobierno”.
Por otro lado, y en un momento de grandes dificultades para retener patrocinadores, las federaciones tienen recelo a la obligatoriedad de publicación de los contratos firmados con las marcas comerciales. Desde Adesp, su presidente, José Hidalgo, ha esgrimido en numerosas ocasiones que “defendemos la transparencia”, pero recuerda que “tenemos cláusulas de confidencialidad con los sponsors”. El borrador, en su última modificación, detalla que en este tipo de contratos “únicamente será necesario indicar la cuantía global”.
Otro punto que ha mantenido el Gobierno es el relativo a un mayor control económico, financiero y de gobernanza de las federaciones. El Ejecutivo quiere atar más de cerca a estos organismos, alegando su dependencia -en algunos casos- al dinero público, para que esa partida de recursos sea “utilizado, única y exclusivamente, para los fines estipulados” y que ayude al “crecimiento de la modalidad deportiva y de sus deportistas”. En definitiva, aseguran desde Moncloa, “un mecanismo ideado a efectos de prevención de situaciones de insolvencia”.
El CSD asegura que “no pretende mermar su independencia ni su autonomía organizativa”, pero las federaciones no están satisfechas con este punto y temen intervencionismo público, por ejemplo, en las que tengan un plan de viabilidad. Destacan que, igual que sucede con el COE, el análisis económico de las federaciones se debería hacer por ciclos olímpicos.
‘Liberalización’ en la gestión de las competiciones
Uno de los grandes puntos de referencia de la nueva Ley tiene que ver con la liberalización de la organización de competiciones deportivas en España, que ahora está un paso más cerca. El Gobierno ha aprovechado estos dos años de impasse para actualizar su propuesta de Ley del Deporte, en la que hay pocos cambios y novedades importantes, que apuntan hacia un mayor papel de clubes y atletas en la gestión de ligas profesionales. Hasta el punto de que LaLiga podría acceder a la explotación de la Liga Ellas, un fondo entrar en la gestión de la Asobal y los atletas promover un circuito profesional.
Sobre la opción de que el ente presidido por Javier Tebas asuma la gestión del fútbol femenino, hoy es una opción más plausible porque el nuevo borrador establece que, “por acuerdo con la federación deportiva española correspondiente, podrán ser organizadoras de competiciones oficiales de la misma modalidad o especialidad deportiva en la que la participación esté restringida a la totalidad o a una parte de los miembros de dicha liga”.
Si bien no se antoja sencilla la entente con la Real Federación Española de Fútbol (Rfef), lo cierto es que es una operación con mucha lógica desde el punto de vista de sinergias en la explotación y eficiencia en los costes, puesto que se evitaría duplicar estructuras en una competición que justo arranca y en la que 13 de sus 16 participantes son secciones femeninas de equipos de fútbol profesional, desde FC Barcelona al recién ascendido Deportivo Alavés. Es la misma lógica por la que ACB ya se encarga de la Copa del Rey y la Supercopa de España en coordinación con la Federación Española de Baloncesto (FEB).
El camino emprendido por la Liga Ellas también se ha aprovechado para que otras disciplinas sigan el mismo camino en el que la adquisición del rango de profesional se ha aprobado por decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) y no porque actualmente cumpliera los requisitos que reglamentariamente están establecidos para ello. La Ley de 1990 no establecía ningún proceso, más allá de dar esa condición a fútbol y baloncesto, y en el borrador de 2021 se han ampliado los supuestos contemplados en 2019.
El fitness, molesto con el IVA: “Debe recudirse al 10%”
Otro sector deportivo como es el del fitness también se muestra molesto. “Introduciremos una enmienda para que la Ley del Deporte fije reducir el IVA de los gimnasios del 21% al 10% porque consideramos que somos una actividad esencial”, destaca a 2Playbook Alberto García, gerente de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (Fneid). Esta medida también la exigen, desde hace muchos años, el sector del golf.
Volviendo a los gimnasios, otra medida que afecta de lleno al sector es la instauración de una tasa vinculada a la práctica deportiva. “En ningún caso sería un impuesto elevado; supondría una mínima aportación de cada persona para destinarlo a la actividad de las federaciones”, argumentaba en 2019 Hidalgo. Si la aportación no fuera superior al euro anual, se podría recaudar un extra de como máximo cinco millones de euros cada año.
