Movimientos relevantes en el control del pasivo de Mediapro, con posibles afectaciones en el accionariado. Las gestoras de fondos de inversión Searchlight Capital e Invesco han comprado a distintos acreedores y entidades bancarias el 50% de los más de 900 millones de euros de deuda del grupo audiovisual, según Expansión. El objetivo de estas compañías es canjear parte de estos compromisos de pago por acciones.
Además, los fondos se muestran dispuestos a inyectar hasta otros 150 millones de euros para capitalizar en Mediapro, con el objetivo de hacerse con una participación mayoritaria en la compañía. De este modo, la compañía liderada por Jaume Roures y Tatxo Benet resolvería los problemas financieros reduciendo su deuda a la mitad y abrazando una inyección de recursos aportados por Searchlight e Invesco.
Estas dos gestoras de fondos ya tenían deuda de Mediapro. Ahora han tomado el control del 50% de la deuda de la empresa comprando a Barings un paquete de aproximadamente 180 millones de euros con un descuento del 30%. Además de esta operación, han reforzado su posición con la adquisición de otros 100 millones de euros que Mediapro tenía con Banco Santander, BBVA y CaixaBank, por el que han pagado cerca del 95%, al ser el tramo bancario, de menor riesgo.
En lo que respecta al canje de deuda por participaciones, Searchlight Capital e Invesco están en conversaciones con los dueños de la compañía, pues la capitalización diluirá las de los accionistas actuales si estos no realizan nuevas aportaciones. Se trata de Orient Hontai, propietario con un 54% del capital, WPP, con un 22% y Jaume Roures y Tatxo Benet, fundadores y socios gestores del grupo, con un 12% cada uno.
La operación de los fondos está condicionada a la continuidad de los actuales gestores al frente de la compañía, según Expansión. Los accionistas aún no han tomado una decisión sobre si aportarán capital para amortiguar su dilución.
El grupo audiovisual sufrió en 2020 uno de los años más complicados de su historia, que se cerró con un retroceso del 38% de la facturación, hasta 1.115 millones de euros, y unas pérdidas operativas de 260 millones de euros. En 2019, ejercicio previo a la Covid, el ebitda había sido de 224 millones de euros positivos.
Entre otros impactos, las cuentas del último año incluyen la rescisión anticipada del contrato con la Ligue-1 que zanjó con una indemnización de 100 millones ante la imposibilidad de pactar una rebaja sobre el precio pactado inicialmente. También le afectó el desplome del negocio de los bares en España, donde tiene la exclusiva de LaLiga para estos establecimientos. Aquí, al menos, logró una rebaja de 28 millones sobre el contrato de 130 millones para 2019-2020 y el descuento en 2020-2021 podría subir a 70 millones, según explicó Javier Tebas, presidente de la competición, días atrás.
